Por Jared Huntington
"Es la intención de los Estados
Unidos regresar a la relación con la Corte Penal Internacional." - Stephen Rapp - EE.UU. Embajador en Misión Especial
para Asuntos de Crímenes de Guerra
A pesar del precedente de dos
administraciones presidenciales anteriores y la voluntad del Congreso, la
Administración Obama está haciendo caso omiso a los deseos de los americanos como
que su gobierno ha prometido un nivel sin precedentes de cooperación entre los
EE.UU. y la Corte Penal Internacional. La
Corte Penal Internacional ejerce una jurisdicción supranacional y el punto de vista de la Corte siempre prevalece,
incluso sobre la objeción de los Estados Partes. Desde mayo 31 a junio 12 la Asamblea
de los Estados Partes se reunirán en Kampala, Uganda, para la primera conferencia de revisión de la
Corte. En Kampala los delegados
revisarán cuidadosamente los logros de la Corte y considerarán varias reformas
al Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional.
La enmienda más controvertida es la que
tiene que ver con el delito de agresión. Debido
a la ausencia de controles y equilibrios en el Estatuto de Roma, la Oficina del
Fiscal podría lanzar fácilmente una investigación politizada contra
los EE.UU. sobre la base de que los EE.UU. han cometido el delito de agresión. Una definición amplia de la agresión,
que se está estudiando, junto con la jurisdicción de los tribunales sobre todos
los Estados, independientemente de que sean Estados Partes en el Estatuto de
Roma, presentaría una grave amenaza para la soberanía estadounidense y la
seguridad nacional. La soberanía americana y la excepcionalidad enfrentan la
principal amenaza de la CPI, junto con su propuesta del crimen de agresión y
con la investigación en curso en los tribunales sobre las acciones de la OTAN
en Afganistán. Los EE.UU. deben
continuar con su oposición a esta institución supranacional.
A un lado del debate están los que creen
que la Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema del país, que el poder judicial
de los EE.UU. corresponde a nuestros tribunales y que la autoridad no puede ser
despojada. En el otro lado del
debate están los transnacionalístas que defienden la creencia de que los EE.UU.
deben ceder nuestra soberanía política, económica y militar a una maquinaria
internacional inherentemente anti- americana. Estos
transnationalistas se adhieren estrictamente a la creencia de que estas
instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, debe
prevalecer sobre la soberanía nacional. La
administración del presidente Obama, liderada por Harold Koh, Stephen Rapp y
Hillary Clinton, ha declarado sus intenciones de llevar a Estados Unidos por el
camino del transnacionalismo y abandonar el ideal del excepcionalismo
estadounidense. Esto es evidente
a través de sus comentarios recientes y de los esfuerzos para integrar a los
EE.UU. a un arreglo amistoso con la CPI.
En marzo de 2010 Stephen Rapp, el
embajador general de EE.UU. para Crímenes de Guerra, anunció que "los EE.UU.
están dispuestos a escuchar y trabajar con la CPI." Incluso la
secretaria de Estado de Estado, Hillary Clinton, llegó a afirman que "es
un gran pesar que los EE.UU. no se hayan sumado a la CPI." A
través de estas declaraciones, el pueblo de Estados Unidos puede ver que la
Administración Obama está cambiando la política de EE.UU. sobre la justicia
global, sentando las bases para una relación de cooperación entre los EE.UU. y
la CPI. Este movimiento de la
Administración coloca la soberanía en peligro. Al abrir la puerta al
transnationalismo de la CPI, el Presidente ha demostrado que no va a defender
la soberanía de América y nuestros principios constitucionales basados en el
Estado de Derecho. El más grande gesto de las Administraciones a la
Corte ha sido su decisión de asistir a la próxima conferencia de revisión en
Kampala, Uganda. El objetivo
principal en Kampala será retomar lo que los Estados partes dejaron en Roma en
1998, al definir el crimen de agresión.
Cuando la Conferencia Diplomática de
Plenipotenciarios para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional se
reunió en Roma durante el verano de 1998, se concedió a la Corte Penal
Internacional la posibilidad de enjuiciar a las personas sobre las que se cree,
han cometido crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y
agresión.
Durante la conferencia los delegados no
pudieron llegar a un consenso sobre cómo definir el crimen de agresión. En un
esfuerzo para no permitir que este aspecto obstaculizara la aprobación del
Estatuto de Roma, optaron por aplazar la tarea de definir el crimen de agresión
hasta la primera conferencia de revisión de la Corte. Desde que los Estados
Unidos iniciaron la Operación
Libertad Duradera y la Operación Libertad Iraquí, a
los admiradores de las cortes se les ha hecho agua la boca con la oportunidad
de definir el crimen de agresión. Los
partidarios de las cortes creen que definiendo la agresión se estaría en
capacidad de propinar un golpe devastador a la capacidad de EE. UU. de usar la
fuerza militar en todo el mundo. Si
bien el núcleo duro de la mayoría de los defensores de la Corte cree que es en
el mejor interés de la justicia internacional el definir el crimen de agresión
y permitir que la Corte pueda empezar a enjuiciar a los perpetradores de este
crimen, los EE.UU. y nuestros aliados debemos estar alerta. Porque teniendo la Corte la
posibilidad de ejercer su jurisdicción sobre el crimen de agresión, la
política exterior de Estados Unidos estará obligada a someterse a un
cambio de imagen radical.
Si la Corte logra la facultad de procesar
individuos por el delito de agresión, cualquier decisión de los EE.UU. de
utilizar la fuerza, cada muerte civil como resultado de la fuerza empleada por
EE.UU. y cualquier presunto maltrato a un detenido podría llevar a una
investigación por el fiscal de la CPI contra los nacionales americanos que la
Corte considere responsables. Este
escenario debería poner los aliados de EE.UU. en estado de alerta, pues Estados
Unidos tendrá menos posibilidades de acudir en su ayuda en un momento de
necesidad por miedo de que nuestros nacionales encaren procesos cargados políticamente. Dado que el tribunal no tiene
actualmente la capacidad de ejercer jurisdicción sobre el crimen de agresión,
los EE.UU. deben preocuparse también de que no haya absolutamente ningún
precedente de cómo la Corte procedería con este nuevo poder adquirido. Si el crimen de agresión se define y
se incorpora en la lista de crímenes que la CPI puede perseguir, conllevaría
una amenaza directa a la habilidad de los EE. UU para defenderse a sí misma y a
nuestros aliados. En Kampala la delegación americana debe instar a los
Estados Partes a rechazar la
definición propuesta y eliminar el delito de agresión del Estatuto de Roma. Es debido a la profunda preocupación
por los procesos politizados que los EE.UU., China, Rusia, India e Israel se han negado
a unirse a la CPI.
En caso de que el crimen de agresión se
definiera y adoptara en Kampala, sus efectos irían mucho más allá de los
actuales 110 miembros de la Corte. Para
los EE.UU., como un Estado no miembro del Estatuto de Roma, habría
implicaciones en cualquier momento en que usara la fuerza en lo que considerara
el territorio de un Estado Parte. Tenga
en cuenta que en los últimos dos decenios los EE.UU. han usado la fuerza en el
territorio de varios Estados Partes actuales de la CPI como Afganistán, Bosnia
y Serbia. Mientras que los EE.UU.
tienen la certeza de que no cometió la agresión en el ejercicio de la fuerza en
estas naciones, esto no sería suficiente para detener la iniciación de una
investigación sobre las acciones de Estados Unidos en la CPI. El Estatuto de Roma proporcionaría a
la Corte el poder de buscar una acción legal contra ciudadanos de los EE.UU.,
incluido el Presidente, cuando considere que ha cometido o autorizado el uso de
la fuerza agresiva en el territorio de un Estado Parte.
En septiembre de 2009 el fiscal de la
Corte Penal Internacional anunció que estaba investigando presuntos delitos de
guerra y crímenes contra la humanidad, incluida la tortura, "ataques
masivos", y daños colaterales por parte de las fuerzas de la OTAN en
Afganistán, que pueden resultar en el enjuiciamiento de nacionales
Americanos. A pesar de que los EE.UU. no son Parte en el Estatuto de Roma,
Afganistán si lo es y su membrecía permite a individuos dentro de Afganistán
radicar una denuncia contra la OTAN y las fuerzas americanas que operan en el
territorio Afgano. A pesar de que los EE.UU. y Afganistán han llegado a un
acuerdo relacionado con el Estatus de las Fuerzas (SOFA), la CPI todavía puede
impulsar investigaciones sobre las acciones estadounidenses y de la OTAN. La investigación actual sobre las
fuerzas de la OTAN en Afganistán, pone de relieve la amenaza increíble que
enfrenta la soberanía estadounidense por parte de la CPI y el por qué
definiendo el crimen de agresión no hará sino dificultar la política exterior
estadounidense.
En caso de que una definición del delito
de agresión se adoptará en Kampala, los EE.UU. ciertamente enfrentarían una
tormenta de denuncias e investigaciones por la CPI, lo cual podría resultar en
un intento de enjuiciar a ciudadanos norteamericanos. El Ademdum #
1 muestra la propuesta del crimen de agresión que la Asamblea de los
Estados Partes examinará en la conferencia de revisión. La definición propuesta es tan amplia
y vaga que si se aprobara obstaculizaría la capacidad de los EE.UU. de
protegerse y mantener la paz y la seguridad mundiales. La definición propuesta
podría interpretarse al nivel de que la mayoría de las acciones militares de
EE.UU. en las últimas dos décadas son un crimen. Esto incluiría la acción militar
realizada por el gobierno de Clinton, que incluye el uso de la fuerza en la ex
Yugoslavia, Kosovo, Bosnia y Serbia. Además,
bajo la definición propuesta, la Operación Libertad Iraquí sería vista sin duda
como un crimen de agresión, como que los EE.UU. no recibieron la aprobación del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza. El ex Secretario General de las
Naciones Unidas Koffi Annan sostuvo que la Operación Libertad para Irak fue "ilegal"
porque "no estaba en conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas." Incluso el actual Asesor Jurídico del Departamento de Estado,
Harold Koh, ha afirmado que, "sin perjuicio de la autorización del
Congreso, la guerra de Irak "viola el derecho internacional]" porque
Estados Unidos no recibió "explícita autorización de las Naciones
Unidas" para la guerra. Es a través de estos comentarios donde
podemos ver las verdaderas intenciones de la agenda transnacionalista.
Una definición del crimen de agresión de
manera tan amplia podría poner en peligro la capacidad de EE.UU. de utilizar la
fuerza, cuando sea necesario, sobre todo si no somos capaces de recibir la
autorización del Consejo de Seguridad. También
si la definición propuesta fuera aprobada nuestros aliados serían mucho más
aprensivos acerca de unirse a EE.UU. liderando coaliciones militares, por temor
a que también pudieran serán procesados por la CPI. En Kampala, la delegación de EE.UU. debe
hacer todo lo posible para proteger la soberanía estadounidense, instando a los
Estados Partes a rechazar la propuesta del delito de agresión. Los EE.UU. deben recalcar a nuestros
aliados que ratificado esta definición nuestra política exterior y el paraguas
militar será para siempre impactado.
FamilySecurityMatters.org editor colaborador Jared Huntington tiene una maestría de la Universidad
de Norwich.
Las opiniones expresadas en este artículo
no reflejan necesariamente la posición del editor del blog.
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