A pesar de que
2009 fue un año histórico para la justicia internacional, la política del poder
está agravando la brecha en la justicia global, ha afirmado hoy Amnistía
Internacional en su valoración anual de la situación de los derechos humanos en
todo el mundo.
En la
presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional: El estado de los
derechos humanos en el mundo, que documenta abusos en 159 países, la
organización ha afirmado que gobiernos poderosos están bloqueando los avances
en la justicia internacional al actuar por encima de la ley con respecto a los
derechos humanos, proteger a sus aliados frente a las críticas, y tomar medidas
sólo cuando les conviene políticamente.
“En la brecha
de la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de
personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza”, ha afirmado Claudio
Cordone, secretario general interino de Amnistía Internacional.
“Los gobiernos
deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que toda persona tiene
acceso a la justicia por todas las violaciones de derechos humanos. Mientras
los gobiernos sigan subordinando la justicia a los intereses políticos, la
mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo
necesidades.”
Amnistía
Internacional ha pedido a los gobiernos que garanticen la rendición de cuentas
por sus propias acciones, ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y garanticen que los crímenes de derecho internacional pueden ser
enjuiciados en cualquier lugar del mundo. También ha afirmado que los Estados
que reclaman el liderazgo global, como los del G-20, son especialmente
responsables de dar ejemplo.
La orden de
detención dictada en 2009 por la Corte Penal Internacional contra el presidente
de Sudán, Omar Hassan Al Bashir, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de
guerra marcó un hito, al demostrar que ni siquiera los jefes de Estado en
activo están por encima de la ley. Sin embargo, la negativa de la Unión
Africana a colaborar, a pesar de la pesadilla de violencia que han sufrido
cientos de miles de personas en Darfur, constituyó un crudo ejemplo del fracaso
de los gobiernos a la hora de dar prioridad a la justicia frente a la política.
La parálisis
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con respecto a Sri Lanka, a pesar de los
graves abusos –entre ellos posibles crímenes de guerra– cometidos por fuerzas
gubernamentales y por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, también dio
testimonio de la incapacidad de la comunidad internacional para actuar cuando
se la necesita. Entretanto, Israel y Hamás siguen haciendo caso omiso de las
recomendaciones del informe Goldstone del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, que pedían rendición de cuentas por el conflicto de Gaza.
La brecha en la
justicia hace que se mantenga una perversa red de represión en todo el mundo.
Las investigaciones de Amnistía Internacional registran casos de tortura y
otros malos tratos en al menos 111 países; juicios injustos, en al menos 55;
restricciones a la libertad de expresión, en no menos de 96, y presos de
conciencia encarcelados, en un mínimo de 48.
Organizaciones
y defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques en muchos
países, y los gobiernos les impidieron llevar a cabo su trabajo o no los
protegieron.
En Oriente Medio y el Norte de África hubo una
constante de intolerancia de los gobiernos hacia las críticas en Arabia Saudí,
Siria y Túnez, y de creciente represión en Irán. En Asia, el gobierno chino
aumentó la presión sobre quienes cuestionaron su autoridad, deteniendo y
hostigando a defensores y defensoras de los derechos humanos, mientras que
miles de personas huyeron de la grave represión y las penurias económicas en
Corea del Norte y Myanmar.
En parte de
Europa y Asia Central se redujo el espacio para la sociedad civil y las voces
independientes, y la libertad de expresión se reprimió injustamente en Rusia,
Turquía, Turkmenistán, Azerbaiyán, Bielorrusia y Uzbekistán. Las fuerzas de
seguridad cometieron centenares de homicidios ilegítimos en América –en países
como Brasil, Jamaica, Colombia y México–, y las violaciones de derechos humanos
cometidas por Estados Unidos en las operaciones de lucha contra el terrorismo
continuaron gozando de impunidad. Gobiernos de África como Guinea y Madagascar
respondieron a la disidencia con homicidios ilegítimos y uso excesivo de la
fuerza, y Etiopía y Uganda, entre otros, reprimieron a quienes se mostraban
críticos.
Los conflictos
se caracterizaron por una cruel indiferencia hacia la población civil. Grupos
armados y fuerzas gubernamentales violaron el derecho internacional en la
República Democrática del Congo, Sri Lanka y Yemen. En el conflicto de Gaza y
el sur de Israel, civiles resultaron heridos o fueron víctimas de homicidios
ilegítimos por parte de fuerzas israelíes y grupos armados palestinos, Miles de
civiles sufrieron abusos en la escalada de violencia por parte de los talibanes
en Afganistán y Pakistán, o fueron quienes más sufrieron las consecuencias de
los conflictos en Irak y Somalia. En la mayoría de los conflictos, las mujeres
y las niñas fueron víctimas de violaciones y de otros actos de violencia
llevados a cabo por fuerzas gubernamentales y grupos armados.
Otras tendencias que también se
registraron:
Desalojos forzosos masivos de personas que
perdieron sus casas en África; por ejemplo, en Angola, Ghana, Kenia y Nigeria,
que a menudo las sumieron aún más en la pobreza.
Aumento de los informes de violencia intrafamiliar contra las mujeres, violaciones, abusos sexuales, y asesinatos y mutilaciones tras la violación en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Jamaica.
Aumento de los informes de violencia intrafamiliar contra las mujeres, violaciones, abusos sexuales, y asesinatos y mutilaciones tras la violación en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Jamaica.
Millones de personas migrantes en países
de Asia y Oceanía, como Corea del Sur, Japón y Malaisia, fueron víctimas de
explotación, violencia y abusos.
Un brusco aumento del racismo, la
xenofobia y la intolerancia en Europa y Asia Central.
En Oriente Medio y el Norte de África se produjo un aumento de la inseguridad a causa de los ataques de grupos armados –algunos de ellos aparentemente alineados con Al Qaeda– en Estados como Irak y Yemen.
En Oriente Medio y el Norte de África se produjo un aumento de la inseguridad a causa de los ataques de grupos armados –algunos de ellos aparentemente alineados con Al Qaeda– en Estados como Irak y Yemen.
En todo el mundo, con millones de personas
sumidas en la pobreza a causa de la crisis económica, energética y alimentaria,
los hechos mostraron la urgente necesidad de abordar los abusos que repercuten
en la pobreza.
“Los gobiernos deben rendir cuentas por
los abusos contra los derechos humanos que causan y agravan la pobreza. La
reunión de la ONU para revisar los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se
celebrará en septiembre en Nueva York, Estados Unidos, constituye una
oportunidad para que los dirigentes mundiales pasen de las promesas a
compromisos legalmente vinculantes”, ha afirmado Claudio Cordone.
Las mujeres, especialmente las pobres, son
las más afectadas por el incumplimiento de estos objetivos. Aproximadamente
350.000 mujeres murieron por complicaciones derivadas del embarazo; la
discriminación de género, las violaciones de los derechos sexuales y
reproductivos, y la negación del derecho a atención medica son a menudo causas
directas de la mortalidad materna.
“Si quieren hacer progresos en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, los gobiernos deben promover la igualdad
de las mujeres y abordar la discriminación que sufren”, ha declarado Claudio
Cordone.
Amnistía Internacional también ha pedido a
los Estados del G-20 que no han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional –Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, India, Indonesia y
Arabia Saudí– que procedan a su ratificación. La conferencia internacional de
revisión del Estatuto de la Corte que comenzará en Kampala, Uganda, el 31 de
mayo constituye una oportunidad para que los gobiernos muestren su compromiso
con este tribunal.
A pesar de que el año pasado hubo graves
carencias a la hora de garantizar justicia, muchos hechos mostraron que ha
habido avances. En América Latina se reabrieron las investigaciones sobre los
crímenes protegidos por leyes de amnistía, y se dictaron fallos históricos con
respecto a ex dirigentes, como las condenas del ex presidente de Perú Alberto
Fujimori por crímenes de lesa humanidad y del último presidente militar de
Argentina, Reynaldo Bignone, por secuestro y tortura. Todos los juicios ante el
Tribunal Especial para Sierra Leona concluyeron, salvo el del ex presidente de
Liberia Charles Taylor, que sigue su curso.
“Una lección clave extraída del año pasado
es la necesidad de una justicia global efectiva. La justicia ofrece
imparcialidad y verdad a quienes sufren violaciones de derechos humanos, impide
que se cometan abusos contra esos derechos, y, en definitiva, crea un mundo más
estable y seguro”, ha afirmado Claudio Cordone.
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