Por TARA CULP-RESSLER
Traducido por Luis Leaño
Marzo de 2015.
Cuando un procedimiento médico se restringe al punto que pueda generar sanciones penales, algunas personas vulnerables, invariablemente terminan tras las rejas.
Los partidarios de mayores restricciones sobre el aborto normalmente argumentan que estas leyes están destinadas a proteger a las mujeres y los niños, no a penalizar a las mujeres que eligen poner fin a un embarazo. El objetivo no es encarcelar mujeres, dicen los opositores al aborto, porque las mujeres que tienen abortos son víctimas y no delincuentes. Así que los activistas pro-vida que quieren anular la decisión Roe v. Wade, normalmente no especifican el castigo que deben enfrentar los pacientes que se someten a un aborto en una sociedad donde es ilegal (aunque algunos bromean diciendo que sería adecuado someterlos a la pena de muerte).
Pero sistemas legales alrededor del mundo- incluyendo el nuestro - están encontrando sus propias respuestas a esa pregunta. Se arresta a las mujeres con base en la forma en que sus embarazos terminaron, proporcionando cientos de casos bien documentados de mujeres que son encarceladas por el crimen de buscar atención en el ámbito de la salud reproductiva.
Esto está sucediendo en países con algunas de las prohibiciones de aborto más estrictas del mundo, así como aquí, en los Estados Unidos:
El Salvador
El Salvador a menudo aparece en los titulares internacionales por su prohibición total del aborto, que se encuentra entre las más estrictas del mundo. El país conservador es agresivo en su persecución de las mujeres con sospecha de abortos ilegales, según un reciente informe de Amnistía Internacional. En 2013, las autoridades acusaron a 16 mujeres y niñas por el delito de aborto, lo que puede llevar a una condena de ocho años de prisión. La mujer acusada de inducir un aborto, incluso puede ser acusada de "asalto con agravantes contra un miembro de la familia," un crimen distinto que puede acarrear una pena de prisión hasta por 50 años.
El Salvador a menudo aparece en los titulares internacionales por su prohibición total del aborto, que se encuentra entre las más estrictas del mundo. El país conservador es agresivo en su persecución de las mujeres con sospecha de abortos ilegales, según un reciente informe de Amnistía Internacional. En 2013, las autoridades acusaron a 16 mujeres y niñas por el delito de aborto, lo que puede llevar a una condena de ocho años de prisión. La mujer acusada de inducir un aborto, incluso puede ser acusada de "asalto con agravantes contra un miembro de la familia," un crimen distinto que puede acarrear una pena de prisión hasta por 50 años.
El Salvador es sin duda la situación más dramática que hemos visto en la región.
El creciente escrutinio alrededor de los embarazos puede tener graves consecuencias. En 2010, por ejemplo, una mujer salvadoreña llamada Manuela fue condenada a 30 años de prisión después de haber sufrido complicaciones durante el parto. Los médicos la trataron como si hubiera intentado un aborto; encadenada a su cama de hospital y acusada de asesinato. Terminó muriendo de cáncer en prisión sin reunirse con sus dos hijos. En 2012, algo similar le sucedió a una mujer llamada Glenda, que no sabía que estaba embarazada cuando fue a un hospital para ser tratada por un abundante sangrado. Resultó que había abortado; Glenda fue condenada a 10 años de cárcel después de que un juez dictaminó que "debería haber salvado la vida del bebé."
"El Salvador es sin duda la situación más dramática que hemos visto en la región", dijo Paula Ávila, el asesor de defensa para América Latina y el Caribe en el Centro de Derechos Reproductivos, y añadió que la prohibición del aborto total del país representa una "grotesca violación de los derechos humanos ". Entre los casos que el Centro está actualmente litigando en nombre de las mujeres encarceladas por poner fin a un embarazo, la mayoría provienen de este país.
Es un tema que compete con agudas líneas económicas. Según Anu Kumar, el vicepresidente ejecutivo de Ipas, una organización no gubernamental mundial dedicada a poner fin a los abortos inseguros, la mayoría de las mujeres que están en prisión en El Salvador son bastante pobres. "Están siendo llevadas a prisión principalmente de los hospitales públicos", dijo.
Ecuador
En Ecuador, el aborto es legal sólo en unos pocos casos restringidos - cuando es necesario para proteger la vida de la mujer, o cuando una mujer considerada "idiota" o demente resulta embarazada. Si la mujer es condenada por poner fin a un embarazo, pueden enfrentar hasta cinco años de prisión.
Aunque el Centro de Derechos Reproductivos aún no ha abierto un caso formal en el Ecuador, la organización está trabajando con sus socios sobre el terreno para documentar casos de mujeres siendo reportadas a la policía por los médicos. Según el Centro, han sabido de aproximadamente 92 casos en que los hospitales reportan casos de mujeres que tuvieron un aborto luego de que ellas acudieran a esos centros en busca de cuidados críticos.
Los testimonios de los médicos tienen una gran cantidad de peso. Women’s eNews reportó que una mujer en Ecuador podría ser condenada a un máximo de dos años tras las rejas sobre la única base del testimonio de un profesional médico que señale, ella tuvo un aborto.
Un informe de 2013 de Human Rights Watch documentó las graves consecuencias de incluir el aborto en el Código Penal de Ecuador. Dado que las mujeres temen ser enviadas a la cárcel, a menudo no buscan la atención médica que necesitan. Aunque el asalto sexual está muy extendido en Ecuador - un informe reciente del gobierno sugirió que una de cada cuatro mujeres han sido víctimas de violencia sexual - los médicos entrevistados por Human Rights Watch dijeron que es demasiado difícil obligar a las mujeres a compartir detalles sobre el abuso doméstico, ya que corren el riesgo de ser acusadas de auto-inducir un aborto.
Estados Unidos
Muchos estadounidenses pueden pensar que la criminalización de las opciones reproductivas de las mujeres es algo que sucede lejos de casa. Pero en realidad hay algunos paralelismos sorprendentes entre los Estados Unidos y otros países con prohibiciones draconianas sobre el aborto. En tanto que la mayor parte del resto del mundo avanza poco a poco hacia la liberalización de las leyes de aborto, los Estados Unidos las restringen.
A pesar de que el aborto es legal bajo Roe vs Wade, un creciente número de restricciones en el procedimiento - además del creciente número de leyes destinadas a proteger los "derechos del feto" - puede llevar a un mayor escrutinio de las mujeres embarazadas en este país. Dependiendo de la forma en que sus embarazos terminan, las mujeres estadounidenses aún pueden enfrentar la amenaza de enjuiciamiento. Esto puede ocurrir si una mujer es acusada de usar drogas durante el embarazo, aunque no hay evidencia científica de que el fármaco puede suponer un daño a largo plazo del feto. También puede ocurrir en los casos en que las mujeres son sospechosas de tener un aborto ilegal.
La historia de mujeres que terminan embarazos no deseados, es una historia muy antigua.
Por ejemplo, una mujer llamada Jennie Linn McCormack fue arrestada en 2010 por tomar una medicina para inducir el aborto, acusada en virtud de una ley de Idaho de 1972 que estipula como ilegal que una mujer pueda llevar a cabo su propio aborto. McCormack vivía a 150 millas de la clínica de aborto más cercana y decidió que la compra de píldoras por Internet era su mejor opción. Desde entonces, una mujer de 33 años de edad, en Indiana y una mujer de 39 años de edad en Pennsylvania han sido encarceladas por cargos similares después de la adquisición de píldoras abortivas en Internet.
"No importa si usted está hablando de los Estados Unidos o de cualquier lugar en el extranjero. La historia de las mujeres que terminan embarazos no deseados es una historia muy antigua - mujeres desesperadas toman medidas desesperadas ", dijo Kumar. "No es sorprendente haber visto casos en los Estados Unidos donde mujeres son acusadas de actos criminales por poner fin a un embarazo. Y creo que veremos más de eso en la medida en que nuestras leyes se ponen aún más restrictivas ".
Otras mujeres han sido acusadas de asesinato por presuntamente tratar de dañar sus fetos, por intento de suicidio, uso de drogas ilícitas, o incluso por caer por las escaleras. Grupos como los defensores nacionales de mujeres embarazadas dicen que estas acusaciones son parte de un patrón más amplio consistente en catalogar mujeres de "segunda clase" a los ojos de la ley.
"Cuando los estados tratan de reconocer los derechos del feto, realmente terminan contradiciendo las leyes internacionales de derechos humanos", dijo Tarah Dermant, director senior de identidad y discriminación de Amnistía Internacional. Añadió que, si bien los Estados Unidos es líder en muchas áreas de los derechos humanos, la política de aborto no es necesariamente una de ellas: "La gente de la comunidad internacional se muestra a menudo muy sorprendida porque en el papel, los Estados Unidos tienen leyes de aborto que se adhieren a los estándares de derechos humanos. El problema es sobre acceso y aplicación ".
Malasia
Al igual que en los Estados Unidos, las mujeres pueden legalmente terminar un embarazo en Malasia - al menos en teoría. El aborto está permitido en Malasia hasta las 22 semanas de embarazo, así que no hay un gran número de mujeres arrestadas y procesadas por realizarse el procedimiento.
Pero es por eso que el Centro de Derechos Reproductivos está preocupado por el caso de Nirmala, una trabajadora migrante de Nepal que fue encontrada culpable de poner fin a su embarazo de manera ilegal y condenada a un año de prisión. Ella es la primera mujer en Malasia que ha sido encarcelada por este crimen.
"El caso de Nirmala es una bandera roja", dijo Melissa Upreti, abogada fundadora del programa del Centro de Asia. "Es una cuestión más amplia para las mujeres en Malasia. Plantea preguntas sobre si más mujeres van a ser detenidas y procesadas en el futuro".
El caso también apunta a problemas más grandes que azotan los trabajadores migrantes en Malasia, que son discriminados sistemáticamente. Malasia utiliza principalmente mano de obra extranjera, y un reciente informe de Amnistía Internacional acusó al gobierno de no hacer lo suficiente para proteger a los trabajadores de la explotación. Emigrantes nepalíes a menudo se enfrentan a abusos laborales, robo de salarios, y violencia sexual. Y la salud reproductiva de las mujeres está a menudo en la lista. Se requiere a muchas trabajadoras de bajos salarios que firmen contratos con la estipulación de volver a su país de origen en caso de quedar embarazadas.
"Cuando nos fijamos en el caso desde esa perspectiva, parece que Nirmala ha sido una especie de objetivo," señaló Upreti.
México
Actualmente el aborto es legal en la Ciudad de México, pero otras partes del país han respondido a la liberalización de la ley en la capital, restringiendo sus propias prohibiciones contra el procedimiento. El aborto está totalmente penalizado en algunas áreas, y las mujeres son investigadas rutinariamente bajo la sospecha de que puedan haber terminado ilegalmente un embarazo.
Según la organización de derechos de reproducción GIRE, al menos 679 mujeres se reportaron o condenaron por tener un aborto entre 2009 y 2011. En Guanajuato, un estado conservador que tiene la tasa más alta en México de embarazo en la adolescencia, decenas de mujeres han sido sometidas a juicio por aborto desde 2000, y algunas de ellas han sido condenadas hasta 30 años de prisión.
Es la persecución sistemática de mujeres debido a que no tienen partos perfectos.
Algunas de esas mujeres están siendo declaradas culpables de homicidio, incluso cuando no hay ninguna prueba de que hayan intencionalmente terminado sus embarazos. Según el Centro de Derechos Reproductivos, hay por lo menos 17 mujeres que cumplen penas de prisión en Guanajuato, cuyos embarazos terminaron por causas totalmente naturales después de que sufrieron emergencias obstétricas. "Es la persecución sistemática de las mujeres debido a que no tienen partos perfectos - si tuvieron abortos involuntarios o bebés muertos, o cualquier cosa que salió mal, pueden ser enviadas a la cárcel", dijo Ávila.
GIRE también ha documentado varios casos por el estilo. En Puebla, un estado que define el principio de la vida en la concepción, una mujer llamada Laura fue al hospital cuando presentó hemorragia - y luego pasó cinco días bajo custodia policial, acusada de tomar medicamentos que inducen el aborto, antes de que un juez desestimara su caso porque carecía de pruebas suficientes. Laura en todo caso fué declarada responsable de pagar los honorarios legales derivados de un crimen que no cometió.
Bolivia
Aunque el máximo tribunal de Bolivia recientemente relajó ligeramente la áspera prohibición del aborto en el país - señalando que las mujeres que quedan embarazadas como producto de violación o incesto no necesitan permiso de un juez para proceder a un aborto legal - el procedimiento sigue siendo ilegal en casi todas las circunstancias. Y según un informe de 2013 de Ipas, la situación que enfrentan las mujeres en Bolivia es "alarmante".
Las mujeres condenadas por un aborto ilegal pueden enfrentar hasta tres años de prisión. Un informe de Ipas documentó 775 investigaciones policiales iniciadas contra mujeres con sospecha de abortos ilegales entre 2008 y 2012. La mayor parte de esas investigaciones estaban dirigidas a mujeres de bajos ingresos cuyos casos legales pueden languidecer durante años, lo que las mantiene en el miedo de enfrentar la cárcel .
César Quiroga, un experto legal sobre los derechos reproductivos y el sistema penal de Bolivia, dijo a Ipas que los cargos de aborto ilegal "se utilizan como una táctica de miedo o para impartir a las mujeres una lección." En un caso de alto perfil, una indígena guaraní víctima de violación fue detenida después de buscar atención médica, luego de tomar un medicamento que induce el aborto. Pasó su estancia hospitalaria de 10 días bajo custodia policial antes de ser trasladada a la cárcel, donde pasó ocho meses en prisión preventiva.
Las Filipinas
Filipinas, que está fuertemente influenciada por la Iglesia Católica Romana, tiene algunas de las más estrictas leyes de salud reproductiva en toda Asia. El aborto está totalmente criminalizado y la mujer acusada de tener un procedimiento ilegal puede enfrentar hasta seis años de prisión. Según el Centro de Derechos Reproductivos, algunas mujeres están encarceladas actualmente por este crimen.
Filipinas, que está fuertemente influenciada por la Iglesia Católica Romana, tiene algunas de las más estrictas leyes de salud reproductiva en toda Asia. El aborto está totalmente criminalizado y la mujer acusada de tener un procedimiento ilegal puede enfrentar hasta seis años de prisión. Según el Centro de Derechos Reproductivos, algunas mujeres están encarceladas actualmente por este crimen.
Ellas están fuertemente estigmatizadas cuando entran al sistema de salud en busca de ayuda.
En el país conservador, el control de la natalidad se ha restringido históricamente y la población se ha disparado, dejando a cientos de miles de mujeres con poca opción distinta a buscar un aborto clandestino después de que se inesperadamente resultan embarazadas. Pero la penalización del aborto ha tenido efectos particularmente escalofriantes en esta área. Si las mujeres buscan seguimiento de un profesional médico después de terminar un embarazo, son a menudo recibidas con agresiones físicas y verbales. A pesar de que la atención post-aborto es legal, los médicos pueden negarse a tratarlas o amenazar con denunciarlas a la policía.
"Muchas veces, la atención post aborto es un caso de vida o muerte porque las mujeres llegan con complicaciones masivas y necesitan atención médica inmediata. Pero ellas están muy estigmatizadas cuando entran al sistema de salud en busca de ayuda ", dijo Upreti. "Hemos entrevistado a muchas mujeres que han tenido experiencias terribles."
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El original del artículo anterior puede revisarse en el siguiente enlace :
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