"Cualquier recurso a la guerra, a cualquier tipo de guerra, es un recurso a medios que son inherentemente criminales. Guerra, inevitablemente, es un curso de asesinatos, asaltos, privaciones de la libertad, destrucción de la propiedad.

"


Robert Jackson

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domingo, 3 de julio de 2011

Los crímenes de Gadafi destacan un doble estándar en el mundo


Por Thomas Walkom
National Affairs Columnist
The Star.
Traducido por Luis J. Leaño.

La decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra el dictador libio Muamar Gadafi ha animado a los que apoyan la guerra de la OTAN Que Gadafi es ahora oficialmente buscado por crímenes contra la humanidad aumenta la credibilidad de aquellos que, como el primer ministro, StephenHarper, lo quieren depuesto a la fuerza.

Pero la decisión del lunes adoptada por un panel de jueces en La Haya, también pone de relieve una tendencia preocupante en el sistema de justicia internacional. Sin duda, muchos líderes mundiales incurren en lo que la Corte Penal Internacional define como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, sólo los perdedores y los extraños son llamados a rendir cuentas.
Los poderosos, y aquellos amparados por los poderosos, nunca tienen que afrontar las consecuencias.

Gadafi es un ejemplo clásico. Durante sus 42 años de gobierno, ha sido tratado por el Oeste como un chiflado, un terrorista, un paria, un fiel aliado en la guerra contra el terror y como un paria de nuevo.

Cuando Gadafi era amigo oficial de Occidente, todos sus pecados- incluyendo su papel en el atentado de Lockerbie en 1988 - fueron perdonados. El hecho de que hubiera encarcelado o liquidado disidentes, se pasó por alto.

Cuando Gadafi era amigo oficial, nadie pidió a la Corte que lo investigara. No se crearon tribunales especiales.

Es revelador que la actual acusación de la CPI sólo incluya los nombres del dictador, su hijo y su jefe de inteligencia militar. Otros incondicionales desde hace mucho tiempo , como sus ministros de interior, justicia y Relaciones Exteriores, han recibido pases libres- no porque sus manos estén necesariamente limpias, sino porque cambiaron de bando para unirse a los rebeldes respaldados por Occidente.

Los crímenes de Gadafi, de acuerdo con la Corte Penal Internacional, son de dos tipos. En primer lugar se le acusa de establecer un sistema que resultó en la muerte de manifestantes civiles. En segundo lugar se le acusa de perseguir a un grupo identificable - sus adversarios políticos - para encarcelarlos.

La hipocresía de acusar a Gadafi sin tener en cuenta las tácticas más represivas del dictador sirio Bashar al-Assad, es obvia. Assad es considerado útil para Occidente. Gadafi no lo es.

Una ironía añadida es que uno de los países que denuncia los crímenes de Gadafi, los Estados Unidos, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (un dudoso honor compartido por Rusia, China, Arabia Saudita, Israel - y Libia).
Pero los cargos también plantean cuestiones importantes sobre la capacidad de los gobiernos para hacer frente a disturbios internos. ¿En qué punto la represión de los disturbios civiles se convierte en persecución? Son las acciones de Rusia en Chechenia, o de India en Cachemira , o de China en el Tíbet, o de Israel en los territorios ocupados, crímenes contra la humanidad? Si no, ¿por qué no?

La justicia internacional ha sido atenuada por la política. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue fácil condenar a los líderes nazis por librar una guerra ilegal. Ha resultado más difícil procesar al ex presidente de EE.UU. George W. Bush por el mismo delito.

En el año 2001, el líder serbio Slobodan Milosevic fue llevado apropiadamente ante un tribunal especial de las Naciones Unidas para hacer frente a la justicia por su papel en el caos de Yugoslavia. Pero los líderes de la OTAN (incluyendo a Jean Chrétien de Canadá), que sin autorización de la ONU declararon la guerra ilegal en Serbia, no lo fueron.

El establecimiento de la Corte Penal Internacional en 2002 dio la esperanza de  que este doble estándar pudiera cambiar. Hasta el momento no es así. Los líderes mundiales desaprobaron a Gadafi por sus prácticas odiosas. Pero no dicen nada acerca de la decisión de Bush de autorizar la tortura a nivel doméstico. Ni de castigar al sucesor de Bush, Barack Obama, por continuar externalizando la tortura en ultramar.

En cambio, la CPI se concentra en las figuras del Tercer Mundo que ya no tienen amigos. Ciertamente, estos matones de poca monta deben rendir cuentas. Pero también lo deben hacer los grandes.

http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/1016257--walkom-gadhafi-s-crimes-highlight-the-world-s-double-standard

domingo, 26 de junio de 2011

Tunez se convierte en la primera nación norte- africana en adherirse a la CPI.

24 Junio 2011 – 
Tunez se convirtió hoy en la primera nación del norte de Africa en unirse a la Corte Penal Internacional y en el país número 116 del tratado que establece la primera corte permanente del mundo encargada de procesar individuos acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.                                                                              

A principios de este año, el país fue testigo de un levantamiento popular - el primero de muchos en todo el norte de África y Oriente Medio, para pedir reformas democráticas - que eliminó el régimen de larga data de Zine El Abidine Ben Ali.

La revolución de Túnez fue aclamada por el Secretario General Ban Ki-moon como la chispa que encendió "los cambios profundos y dramáticos" que sacuden al mundo árabe.

En declaraciones dadas hoy con ocasión del depósito de Túnez de su instrumento de adhesión al Estatuto de Roma, el Sr. Ban dijo que, como la primera nación del norte de África en convertirse en parte de la CPI, Túnez ha demostrado un fuerte liderazgo en la lucha común para acabar con la impunidad.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya fue creada en 2002 después de que el Estatuto entró en vigor ese año, cuando obtuvo un total de 60 ratificaciones. La corte investiga  actualmente seis situaciones: Uganda, República Democrática del Congo (RDC), la región de Darfur en el oeste de Sudán, la República Centroafricana (CAR), Kenya y Libia.

El Fiscal de la Corte también ha solicitado autorización para iniciar una investigación en Costa de Marfil habida cuenta de las denuncias de abusos cometidos después de la segunda vuelta electoral celebrada el pasado mes de noviembre.

miércoles, 18 de mayo de 2011

Justicia Paquidérmica


Por Marcos Peckel
El Espectador.

A 30 años de prisión fue condenado el general Augustin Bizimungu, comandante del ejército de Ruanda, durante el genocidio de 1994 cuando, en el lapso de 100 días, 800 mil miembros de la etnia tutsi fueron masacrados, muchos a machete, por órdenes del gobierno hutu, en lo que se ha constituido en el más atroz crimen desde la Segunda Guerra Mundial.

El tribunal especial para Ruanda, al igual que sus pares para la antigua Yugoslavia y Camboya, creados por resoluciones del Consejo de Seguridad, han proferido sentencias ejemplarizantes contra algunos responsables de matanzas, masacres y genocidios ocurridos en esos países, en una instancia donde la justicia internacional ha operado medianamente bien, a pesar de que varios de los criminales aún están sueltos.

Lo que sí parece no arrancar es la Corte Penal Internacional (CPI), establecida con fanfarria, en 2002 como organismo permanente de justicia internacional, una vez el estatuto de Roma fue ratificado por 60 países. Genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son los delitos bajo jurisdicción de la CPI, la cual puede iniciar una investigación si ésta es referida por el Consejo de Seguridad o por una país miembro. Además el fiscal de la CPI, el mediático argentino Luis Moreno Ocampo, puede motu proprio iniciar una investigación, siempre y cuando tenga la aprobación de un panel de jueces. Contrario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga a los estados, la CPI juzga únicamente individuos.

A la fecha no hay un solo condenado por la CPI, a pesar de que desde 2002 se han cometido incontables crímenes que claramente caen dentro de su competencia. Sólo hay seis casos en proceso, todos africanos, siendo el más visible el del presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusado por el genocidio de Darfur, quien continúa en su cargo y viajando tranquilo por varios países que se rehúsan a entregarlo a la Corte.

Hace unos días el Consejo de Seguridad remitió a la CPI el caso del líder libio Muamar Gadafi y su hijo. Brillan por su ausencia el presidente y generales de Sri Lanka, responsables del asesinato de miles de civiles en la etapa final de la guerra en ese país, y habrá que ver si el presidente sirio, Bashar al Assad, o el yemení, Alí Abdullah Saleh, que han matado a centenares de manifestantes, sean conducidos algún día al banquillo de los acusados en la CPI.

Siendo el Consejo de Seguridad el principal remitente, muchos casos no llegarán nunca a la CPI, por consideraciones políticas. La CPI podría estar convirtiéndose en otra inoperante institución del sistema internacional donde naufragan las expectativas de justicia de millones de víctimas.

sábado, 12 de febrero de 2011

La campaña mediática contra el juez Garzón ha sido brutal


Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Habla la fiscal "de hierro" de España: Dolores Delgado, actual coordinadora de la unidad de Terrorismo Internacional de la Audiencia Nacional, que ha trabajado con el juez Baltasar Garzón durante 17 años.

Explica por qué este polémico juez tiene competencia judicial trasnacional. Se refiere a los tres procesos que complican la vida del investigador y opina sobre la posible vinculación suya a Colombia, como asesor del gobierno Santos. 

Cecilia Orozco Tascón.- Algunos críticos del juez  Baltasar Garzón se preguntan por qué él se arroga el conocimiento de casos criminales ocurridos lejos de las fronteras españolas, por ejemplo, el que lo lanzó a la fama: el del general Pinochet  ¿Cuál es la competencia internacional de Garzón? 

Fiscal antiterrorista Dolores Delgado García.- El pilar del trabajo del juez Garzón está en la Audiencia Nacional de España  que tiene jurisdicción universal en crímenes que son de especial gravedad, como terrorismo, narcotráfico, genocidio, torturas o de lesa humanidad, sobre los que hay consenso internacional que deben ser perseguidos por los Estados democráticos, con independencia de la nacionalidad del autor o de las víctimas, o del territorio en que se cometieron, para evitar que queden en la impunidad. Él es un investigador de casos relativos a la criminalidad organizada, e interviene en los procesos más importantes que se llevan en España  relacionados con el terrorismo dentro de nuestras fronteras (ETA) y con el terrorismo internacional. 

C.O.T.- Al margen de la competencia y jurisdicción de la Audiencia, quienes critican a Baltasar Garzón sostienen que él escoge los casos por el impacto mediático que podrían tener ¿Qué opina usted de esta apreciación? 

D.D.G.- En la Audiencia Nacional se reparten los casos a los despachos de los jueces por azar, de modo que ellos no los seleccionan sino que les caen en suerte. Pero es cierto que al juez Garzón le ha correspondido investigar casos con relevancia mediática nacional e internacional. Lo que sucede es que él asume su responsabilidad y toma las decisiones que debe tomar, sin pensar en factores externos o en consecuencias futuras. Así sucedió, por ejemplo, cuando ordenó la detención de Pinochet. Pero lo importante no era el impacto noticioso sino que la decisión que tomó, tuviera, como en efecto tuvo, base jurídica cierta y suficiente.

C.O.T.- ¿Por qué la asesoría del juez Garzón y su experiencia judicial en crímenes transnacionales, le deberían interesar al gobierno colombiano?

D.D.G.- Por distintos motivos: uno, por su gran experiencia en las investigaciones en delitos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, crímenes contra la humanidad. Dos,  por su experiencia y conocimientos de la justicia internacional; y tres, por el trabajo que ha desarrollado en la Corte Penal Internacional como asesor en protocolos de actuación. Me atrevería a decir que hay muy pocos jueces en el mundo con ese recorrido.

C.O.T.- Si el juez Garzón tiene competencia y jurisdicción sobre algunos delitos internacionales y algunos de ellos se hubiesen cometido en Colombia ¿No tendría que declararse impedido de conocer esos casos si acepta ser asesor del gobierno colombiano? 
D.D.G.- Nadie sabe con exactitud en calidad de qué va a comparecer el juez Garzón en Colombia o qué tipo de relación mantendrá con el Estado colombiano. Desconozco el trasfondo de esta colaboración. Lo que sí le puedo decir es que fuere cual fuere el trabajo que desarrolle Garzón en su país, lo hará de manera absolutamente independiente. No le debe caber la menor duda a nadie.

C.O.T.- No es un secreto que la pasada administración colombiana fue muy cuestionada en materia de derechos humanos  ¿Traer a Garzón es una manera de bajarle la presión internacional  a Colombia? 

D.D.G.-  Yo lo veo por el lado positivo: el símbolo que representa el juez Garzón es, de por sí,  bueno. Lo deseable es que cada país coja las riendas de su propia justicia en el mejor de los sentidos pero, desde luego, el hecho de que el juez esté en Colombia, es una garantía de que las cosas van entrar por un buen cauce. Es un buen mensaje internacional.

C.O.T.- En Colombia la noticia sobre la posible asesoría de Baltasar Garzón al Ejecutivo ha despertado muchas críticas que se basan, principalmente, en su situación judicial actual con tres procesos abiertos en su contra ¿No son muchos y muy complicados?

D.D.G.- El juez Garzón tiene tres causas judiciales abiertas ante el Tribunal Supremo (Corte Suprema): una, por la investigación que él inició por los crímenes del franquismo; dos, por los cursos que realizó en la Universidad de Nueva York durante un año; y tres, por una querella entablada por la intervención de las comunicaciones que él ordenó en un proceso por corrupción de miembros del Partido Popular, conocido como el caso Gürtel. Hay que resaltar que en ninguno de las tres causas el Ministerio Fiscal (la Fiscalía) acusó al juez Garzón porque la Fiscalía española entiende que el juez no ha delinquido.

C.O.T.- Entonces ¿Quién o quiénes iniciaron las tres denuncias?
D.D.G.- En las leyes de España está prevista una figura que se llama la “acusación popular” (similar a las acciones populares que hay en Colombia). 

C.O.T.- ¿Quiere decir que quienes denuncian a Baltasar Garzón son ciudadanos o grupos de civiles interesados en cada caso?

D.D.G.- Sí. En el que se le abre por investigar los crímenes del franquismo, la acusación popular provino de grupos vinculados con la extrema derecha. Uno de esos grupos es Falange (partido español ultraderechista).Es curioso que Falange sea querellante (denunciante) siendo que uno de los investigados por Garzón pertenecía, justamente, a ese movimiento. En el caso Gürtel, iniciado por haber ordenado intervenir las comunicaciones de personas que estaban siendo investigadas por corrupción, los que acusan al juez son los abogados de los investigados. Y en el tema del Banco de Santander, que supuestamente le habría financiado los cursos que él daba en Nueva York, las acusaciones populares tienen vinculación con gente que ha sido investigada por él. 

C.O.T.- El proceso que se le abre por haber iniciado la investigación de los crímenes del franquismo sin competencia para hacerlo, según alegan los denunciantes, ha avanzado mucho ¿Por qué la Fiscalía no ha visto ningún problema en este caso? 

D.D.G.- Porque lo que hizo Garzón cuando empezó a investigar los crímenes del franquismo no fue nada diferente de lo que realizó cuando investigó los crímenes cometidos durante la dictadura argentina o chilena. En estos casos hubo algunos desacuerdos pero las causas siguieron adelante y tuvieron conclusión judicial en España o en esos países.

C.O.T.-  A propósito, usted fue la fiscal que sustentó la acusación en el juicio oral, contra un oficial naval argentino que fue condenado por la justicia española a más de 1.000 años de prisión ¿Qué diferencias hay entre este caso y los crímenes del franquismo?
 
D.D.G.- Usted habla del caso Scilingo, un miembro de la Armada argentina que se encontraba en España. Fue condenado en la Audiencia Nacional  y posteriormente, el Tribunal Supremo le aumentó la pena de prisión a 1.049 años. Le aseguro que los principios aplicados entonces no son diferentes de los que utilizó el juez Garzón en la investigación de los crímenes del franquismo. Hay que reconocer que Argentina nos ha dado una lección de cómo afrontar el pasado.

C.O.T.- Sea como sea, Baltasar Garzón está  hoy suspendido ¿Cuál es la situación real del juez hoy?
D.D.G.-  El juez ha tenido serias dificultades para defenderse y además ha tenido que afrontar un ataque mediático muy complicado. Como es un hombre que ha estado siempre en la palestra internacional, eso se ha devuelto, de alguna manera, contra él. Ahora, hay que entender que lo que está en juego no solo es el futuro de Garzón sino y sobre todo, la figura del juez independiente que él representa. Él ha llegado a ser un modelo que tal vez muchos jueces más jóvenes quieren emular. Tal vez es incómodo porque ha investigado a fondo a quien le ha correspondido pero lo que suceda con él, tendrá repercusiones generales. No lo dude.

C.O.T.- ¿Por qué el juez Garzón decidió investigar los crímenes del franquismo en el momento en que lo hizo y no antes o después? Es decir, ¿cuál era la pertinencia temporal del caso?

D.D.G.- Él inicia la investigación cuando formulan varias denuncias ante la Audiencia Nacional contra los crímenes del franquismo, una serie de personas que se consideran víctimas, y un colectivo. Como le dije antes, tenemos reparto de casos a través de un sistema aleatorio informático. Y cuando se repartieron esos casos, recayeron en el Juzgado Central de Instrucción Número Cinco, del que es titular el juez Baltasar Garzón. Simplemente le cayeron en suerte. 

C.O.T.- En cuanto al segundo caso que se le abrió: ¿Qué tan activo ha estado el Partido Popular en la denuncia por las interceptaciones que ordenó Garzón  dentro de un caso por corrupción con dineros públicos que comprometía a algunos de los miembros de esa colectividad?

D.D.G.- El Partido Popular se vio afectado por la investigación en el caso Gürtel, como se conoce el proceso contra una red de personas cercanas a él, que traficaban con influencias y dádivas. Si el PP está detrás de la denuncia contra el juez, no lo sé. Lo que sí es cierto es que existe una campaña mediática y social de desprestigio muy dura contra el juez Garzón. Y que esa campaña coincide con la investigación Gürtel.

C.O.T.- ¿Los medios de comunicación cercanos al PP han estado muy activos en la difusión de noticias contra Garzón?

D.D.G.- Sí. Es más: hay noticias que han salido en relación con el juez Garzón totalmente falsas y tendenciosas. Usted como periodista que es, sabe que se puede poner un titular que puede  ser demoledor, aunque después no corresponda al contenido. La campaña mediática  de un sector de la prensa contra el juez ha sido brutal. Creo que poca gente soportaría ese nivel de presión tan alto. 

C.O.T.- La controversia también ha saltado a la prensa colombiana. El caso Gürtel tiene un aspecto muy sensible aquí por un proceso similar: las “chuzadas” del DAS. A Garzón se le acusa de ordenar la interceptación de teléfonos de los abogados de algunos investigados ¿Hasta dónde era legal esa decisión? 

D.D.G.-  Garzón estaba investigando gente comprometida con actos de corrupción. Una vez que se produjeron las detenciones, se comprobó que había serios indicios de la comisión de varios delitos. El siguiente paso consistía en descubrir cómo esas personas que iban a entrar en prisión, lavarían todo ese dinero. El juez ordenó lo que las convenciones internacionales en la persecución de la corrupción tienen reglamentado. En estos casos se permite interceptar las comunicaciones de los imputados con la salvedad de que se preserve el derecho de defensa, de tal manera que se protejan las comunicaciones que tengan que ver, exclusivamente, con la estrategia de defensa. La medida es legal, ajustada a la Constitución, razonable, proporcional y necesaria para la investigación. Por eso es sorprendente lo que está pasando.

C.O.T.- El Procurador de Colombia, defensor de los derechos ciudadanos, ha dicho que sería vergonzoso traer a un juez que está siendo investigado por interceptaciones ilegales similares a las de Colombia ¿Qué piensa de esa objeción de alguien tan calificado?

D.D.G.-  Como entenderá, no lo conozco y no puedo referirme al caso concreto pero, en general, cuando se hace ese tipo de afirmaciones es porque se desconoce la realidad judicial y procesal concreta. También puede ser que él tenga una opinión interesada. Lo importante, frente a este tipo de afirmaciones, es informarse sobre la realidad; segundo, saber en qué están los procesos. Y tercero, conocer la trayectoria y la conducta del juez.  

C.O.T.- El tercer caso que le complica la vida a Garzón, y que a mi juicio es el más incómodo, es el que lo relaciona con Emilio Botín (Banco Santander) y que se le abre porque estaría recibiéndole unos dineros al banco para su estadía en New York y después, toma una decisión a favor de una de las firmas del grupo.

D.D.G.- No es el proceso que más le preocupa pero sí el que más le molesta porque se pone en duda su honestidad. Fíjese que con el tema del franquismo, ponen en duda sus convicciones.  En el tema de  la Gürtel, su profesionalismo de juez. Pero en este último, intentan vulnerarle su honestidad.  Por lo tanto, es el que más le incomoda. Han creado una impresionante  causa a pesar de que ya se la habían cerrado. En cuanto a la sentencia que usted menciona como que el juez la dictó para favorecer a Botín, Garzón no tenía la última palabra en ese fallo. Había otras instancias.  

Una carrera de película de acción

Dolores Delgado García ha sido fiscal durante 21 años, de los cuales ha trabajado 18 en la Audiencia Nacional. Es actualmente la coordinadora de investigación de los delitos de terrorismo internacional. Ha trabajado, hombro a hombro, con el juez Baltasar Garzón, participando con él, en famosas investigaciones de delitos transnacionales. La que más lustre le ha dado a su desempeño profesional, fue la del caso Scilingo, como se conoce el proceso de un oficial de la Armada argentina de la época de la dictadura militar, que fue condenado hace 6 años en España por crímenes contra la humanidad. La fiscal Delgado ejerció, por primera y única vez para una mujer en este tipo de delitos, la función acusadora en ese juicio oral, logrando la condena de Adolfo Scilingo en la Audiencia, que después fue aumentada a 1.049 años de prisión por el Tribunal Supremo. Ha participado en los procesos por genocidio y masacres en Sahara y Ruanda. Forma parte del grupo de expertos internacionales de París en terrorismo yihadista, y tiene larga experiencia en la desarticulación de organizaciones de narcotráfico y lavado de activos. Ha estado varias veces en Colombia, junto con el juez Garzón, y está bien enterada de la situación judicial del país.

Baltasar Garzón, casi seguro asesor en Colombia

La polémica que ha despertado en Colombia la posible vinculación de Baltasar Garzón al país, como asesor del gobierno de Juan Manuel Santos, apenas comienza, y no es ni el pálido reflejo de las pasiones que despiertan las actuaciones judiciales de este personaje en su país, España. Siempre se dijo que Garzón se estaba atribuyendo competencias internacionales que no le correspondían. Sin embargo, el órgano judicial para el que trabaja, la Audiencia Nacional, se especializa, precisamente, en el tipo de delitos cometidos por organizaciones con vínculos transnacionales y en la investigación de crímenes contra la humanidad, siempre y cuando tengan alguna relación con España. Muchos otros jueces de la Audiencia Nacional tienen la misma competencia de Garzón, pero éste ha descollado sobre ellos, por las decisiones que ha tomado contra “intocables” de la talla de Augusto Pinochet. La eficiencia es otra de las características de Garzón: el índice de confirmación, por parte del Tribunal Supremo, órgano superior, de los casos investigado por el juez, asciende al 90%, según estadísticas oficiales. En cuanto a su futuro en Colombia, el porcentaje de probabilidad de que vendrá con contrato es el mismo: 90% de certeza. Muy pronto estará en Bogotá.