La Haya.
Charles G. Taylor, el antiguo presidente de Liberia y alguna vez un poderoso señor de la guerra, fue condenado por un tribunal internacional el pasado jueves por haber armado, patrocinado y guiado un brutal movimiento rebelde que cometió atrocidades en masa en Sierra Leona durante la guerra civil de los años 90. Taylor es la primera persona con calidad de jefe de Estado que es condenado por una corte internacional desde los juicios de Núremberg.
Después de trece meses de deliberaciones, un panel de tres jueces provenientes de Irlanda, Samoa y Uganda, encontraron a Taylor culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluyendo asesinato, violación, esclavitud y uso de niños soldados. Los jueces establecieron que el procesado colaboró con un plan para capturar minas de diamantes y en la invasión de Freetown, la capital. Sin embargo, la fiscalía no pudo probar que Taylor había comandado directamente a los rebeldes responsables de las atrocidades.
El conflicto de Sierra Leona se volvió notorio por sus horribles tácticas, que incluían la mutilación de miles de civiles, la generalización en la utilización de niños drogados y la explotación de minas de diamantes para comprar armas y municiones. Un siniestro lenguaje rebelde caracterizó los horrores: Una “sonrisa” significaba el corte de los labios superiores e inferiores de la víctima. “Mangas largas” implicaba el corte de las manos, mientras que la expresión “mangas cortas” significaba el corte de los brazos, arriba del codo.
Diez años después de que la guerra finalizara, Sierra Leona todavía lucha por su reconstrucción. Se estima que 50.000 personas murieron, mientras que innumerables personas huyeron del país para tomar refugio en campos destinados al efecto. Una porción considerable de la población joven perdió la posibilidad de educarse. El desempleo, particularmente entre los grupos más jóvenes que emergieron de la guerra con pocas habilidades, es aplastante.
La electricidad es escasa, incluso en la capital del país. El país ha podido retornar a la democracia, pero muchos ciudadanos educados permanecen en el extranjero. El analfabetismo es alto y algunas industrias, como la minería del hierro, solo hasta ahora se reactivan.
“Él fue quien generó todo esto”, dice refiriendose a Taylor, Osman Turay, uno de los muchos amputados que juegan fútbol en muletas sobre las placas de cemento de un edificio sin terminar en Freetown.
Los fiscales determinaron que la participación de Taylor en la devastación fue motivada, no en alguna ideología específica, sino en su deseo de poder y dinero. “Pura avaricia”, en palabras de David M. Crane, el fiscal estadounidense que lo acusó en 2003. Los rebeldes proveyeron a Taylor con un suministro continuo de diamantes, a menudo a cambio de armas y municiones, conforme a la sentencia de la Corte. La guerra y el dinero sustraído de su propio gobierno, le permitieron enviar millones de dólares a compañías en el extranjero, conforme a las revelaciones de la fiscalía.
Sin embargo, los fiscales nunca pudieron revelar la red que esconde su presunta fortuna, y Taylor alegó pobreza, dejando a la Corte con la carga de la factura de su defensa, que costó aproximadamente $100,000 dólares por mes en abogados, arrendamiento y personal.
Con todo, el juicio ha traído una “sensación de alivio”, dijo Ibrahim Tommy, quien lidera el denominado "Center for Accountability and Rule of Law”, un grupo de derechos humanos radicado en Freetown. “No estoy seguro si traerá paz a las víctimas,” dijo Tommy, pero el juicio fue una “esfuerzo genuino para establecer la responsabilidad por los crímenes en Sierra Leona.”
El Tribunal, llamado “Special Court for Sierra Leone”, ya ha sentenciado otros ocho miembros líderes de diferentes fuerzas y grupos rebeldes. Taylor, que siempre ha mantenido su inocencia, está programado para escuchar su sentencia el 30 de Mayo. No existe la pena de muerte en Derecho Penal Internacional, y el término de encarcelamiento sería cumplido en una cárcel británica.
La lucha por el control sobre una de las regiones más pobres de la tierra también salpicó a Liberia, donde muchos más murieron, y amenazó con propagarse al vecindario de Guinea y Costa de Marfil. Sin embargo, solamente los crímenes cometidos en Sierra Leona entre 1996 y 2002 son de competencia de la Corte y Taylor es el último acusado de este Tribunal especial. Su juicio fue trasladado a Holanda por temor a causar disturbios en África Occidental, donde aún tiene seguidores.
Desde Karl Dönitz, el almirante alemán que sucedió brevemente a Hitler, nadie había sido enjuiciado y sentenciado por un Tribunal Internacional como cabeza de Estado.
Slobodan Milosevic, antiguo presidente de Serbia, murió en su celda en 2006 antes de culminar su juicio por crímenes de guerra. Jean Kambanda, la primera persona sentenciada por el delito de genocidio, recibió una sentencia de cadena perpetua por su participación en el genocidio de Ruanda en 1994, pero tuvo la característica de ser un antiguo primer ministro, no un jefe de Estado. El antiguo presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, ha sido acusado por crímenes contra la humanidad por la CPI, pero su juicio no ha comenzado aún. En forma parecida, el presidente Omar Hassan al-Bashir de Sudan, es requerido por la CPI bajo cargos de genocidio por las atrocidades acaecidas en Darfur, pero el sindicado ha evadido por largo tiempo el arresto.
Durante el juicio de Taylor, que comenzó en 2006, los jueces pudieron oir el testimonio de 115 testigos. Ante los funcionarios de la Corte, se refirieron al trabajo en condiciones de esclavitud en las minas de diamantes, la violación, las cabezas arrancadas de sus cuerpos exhibidas sobre postes para aterrorizar la gente, y las filas de campesinos capturados esperando las mutilaciones.
Hubo a lo largo del juicio muchos momentos que helaban la sangre, a medida que los testigos describían la barbarie de los rebeldes.
Mustapha Mansary, un poblador, fue interrogado repetidamente por un abogado de la defensa acerca de si él podía leer y escribir en Inglés, hasta que levantó sus muñones vendados: “No tengo manos para escribir nada”, -replicó Mansary-.
El Testigo 064, una víctima de violación, describió la manera como los rebeldes llegaron a su pueblo. Con hachas decapitaron muchos adultos y niños, mientras ella era mantenida al interior de una vivienda. El líder de la banda entonces ordenó que la llevara afuera para que observara su familia. Entonces pusieron las cabezas cercenadas de sus familiares en un saco que escurría sangre, incluyendo las cabezas de sus dos hijos.
“Me dieron las cabezas para que me las llevara”, -dijo-. “Pero no pude hacerlo”.
Sin embargo los fiscales tuvieron dificultades frente al rompecabezas legal de vincular tales atrocidades con Taylor. No había documentos que establecieran que él había impartido tales órdenes. Tampoco estuvo en las escena del crimen y estos no fueron cometidos por el ejército de Liberia que estaba bajo su comando.
Para estructurar su caso, los fiscales utilizaron interceptaciones telefónicas y de radio y llevaron al estrado a los radio- operadores que había conectado la residencia de Taylor en Monrovia, la capital de Liberia, con los rebeldes en Sierra Leona. Personas cercanas a Taylor, su jefe de seguridad, guardaespaldas y otros empleados, algunos de ellos trasladados al extranjero como testigos protegidos, testificaron acerca de armas y municiones enviadas a los rebeldes y acerca de los diamantes en bruto que recibía como pago.
Documentos bancarios fueron mostrados a la Corte para determinar cómo los pagos de impuestos y otros ingresos del gobierno fueron trasladados a las cuentas personales de Taylor, para pagar los esfuerzos de la guerra o para su beneficio personal. Los abogados de la defensa rechazaron mucha de la evidencia por considerarla “de oidas”. Y entonces argumentaron repetidamente que el juicio era un ejercicio político de países de Occidente que pretenden mantener a Taylor fuera de África Occidental.
La defensa presentó como pruebas dos cables diplomáticos de 2009, que es parte de los documentos revelados por WikiLeaks, en los cuales diplomáticos americanos se refieren a Taylor. En el primero, calendado en Marzo de 2009, citan al embajador estadounidense el Liberia señalando que “lo mejor que podemos hacer por Liberia es ver a Charles Taylor lejos por mucho tiempo”.
El más importante testigo de la defensa fue el mismo Taylor. Elocuente y respetuoso con la Corte, pudo mantenerse casi siete meses en el estrado de los testigos, brindando la versión de su vida y su papel en provecho de la paz, sin que fuera interrumpido por los jueces en sus muchas disgregaciones. Manifestó a la Corte que había sido entrenado en Libia y que alguna vez recibió dinero del Coronel Muammar el-Qaddafi por “gastos médicos”. Mientras permaneció en una cárcel de Massachusetts esperando la extradición por acusaciones de malversar $900,000 dólares pertenecientes al gobierno de Liberia, no intentó escapar aunque fue liberado con ayuda de la CIA.
Taylor dijo además que “nunca” hubiera permitido las atrocidades. Las muchas historias acerca de su vida, repletas de detalles acerca de su carrera como rebelde, prisionero, negociador y presidente, fueron seguidas por una gran audiencia en Liberia y aumentaron ostensiblemente su popularidad.
Los abogados dijeron que los jueces parecían interesados en la pasado para parecer justos. “Taylor tuvo en la Corte lo que podría haber deseado”, dijo Stephen J. Rapp, antiguo fiscal de la Corte y ahora embajador de los Estados Unidos para asuntos de crímenes de guerra.
Al inicio de una audiencia de dos horas, Taylor saludó y sonrió a algunos de sus familiares en la galería del público, pero luego lució sombrío. Charen Taylor, una de sus hijas, dijo: Por supuesto que no estoy feliz, pero tenemos que ser optimistas acerca de la apelación. Ha sido un largo proceso.”
Charles G. Taylor, el antiguo presidente de Liberia y alguna vez un poderoso señor de la guerra, fue condenado por un tribunal internacional el pasado jueves por haber armado, patrocinado y guiado un brutal movimiento rebelde que cometió atrocidades en masa en Sierra Leona durante la guerra civil de los años 90. Taylor es la primera persona con calidad de jefe de Estado que es condenado por una corte internacional desde los juicios de Núremberg. Después de trece meses de deliberaciones, un panel de tres jueces provenientes de Irlanda, Samoa y Uganda, encontraron a Taylor culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluyendo asesinato, violación, esclavitud y uso de niños soldados. Los jueces establecieron que el procesado colaboró con un plan para capturar minas de diamantes y en la invasión de Freetown, la capital. Sin embargo, la fiscalía no pudo probar que Taylor había comandado directamente a los rebeldes responsables de las atrocidades.
El conflicto de Sierra Leona se volvió notorio por sus horribles tácticas, que incluían la mutilación de miles de civiles, la generalización en la utilización de niños drogados y la explotación de minas de diamantes para comprar armas y municiones. Un siniestro lenguaje rebelde caracterizó los horrores: Una “sonrisa” significaba el corte de los labios superiores e inferiores de la víctima. “Mangas largas” implicaba el corte de las manos, mientras que la expresión “mangas cortas” significaba el corte de los brazos, arriba del codo.
Diez años después de que la guerra finalizara, Sierra Leona todavía lucha por su reconstrucción. Se estima que 50.000 personas murieron, mientras que innumerables personas huyeron del país para tomar refugio en campos destinados al efecto. Una porción considerable de la población joven perdió la posibilidad de educarse. El desempleo, particularmente entre los grupos más jóvenes que emergieron de la guerra con pocas habilidades, es aplastante.
La electricidad es escasa, incluso en la capital del país. El país ha podido retornar a la democracia, pero muchos ciudadanos educados permanecen en el extranjero. El analfabetismo es alto y algunas industrias, como la minería del hierro, solo hasta ahora se reactivan.
“Él fue quien generó todo esto”, dice refiriendose a Taylor, Osman Turay, uno de los muchos amputados que juegan fútbol en muletas sobre las placas de cemento de un edificio sin terminar en Freetown.
Los fiscales determinaron que la participación de Taylor en la devastación fue motivada, no en alguna ideología específica, sino en su deseo de poder y dinero. “Pura avaricia”, en palabras de David M. Crane, el fiscal estadounidense que lo acusó en 2003. Los rebeldes proveyeron a Taylor con un suministro continuo de diamantes, a menudo a cambio de armas y municiones, conforme a la sentencia de la Corte. La guerra y el dinero sustraído de su propio gobierno, le permitieron enviar millones de dólares a compañías en el extranjero, conforme a las revelaciones de la fiscalía.
Sin embargo, los fiscales nunca pudieron revelar la red que esconde su presunta fortuna, y Taylor alegó pobreza, dejando a la Corte con la carga de la factura de su defensa, que costó aproximadamente $100,000 dólares por mes en abogados, arrendamiento y personal.
Con todo, el juicio ha traído una “sensación de alivio”, dijo Ibrahim Tommy, quien lidera el denominado "Center for Accountability and Rule of Law”, un grupo de derechos humanos radicado en Freetown. “No estoy seguro si traerá paz a las víctimas,” dijo Tommy, pero el juicio fue una “esfuerzo genuino para establecer la responsabilidad por los crímenes en Sierra Leona.”
El Tribunal, llamado “Special Court for Sierra Leone”, ya ha sentenciado otros ocho miembros líderes de diferentes fuerzas y grupos rebeldes. Taylor, que siempre ha mantenido su inocencia, está programado para escuchar su sentencia el 30 de Mayo. No existe la pena de muerte en Derecho Penal Internacional, y el término de encarcelamiento sería cumplido en una cárcel británica.
La lucha por el control sobre una de las regiones más pobres de la tierra también salpicó a Liberia, donde muchos más murieron, y amenazó con propagarse al vecindario de Guinea y Costa de Marfil. Sin embargo, solamente los crímenes cometidos en Sierra Leona entre 1996 y 2002 son de competencia de la Corte y Taylor es el último acusado de este Tribunal especial. Su juicio fue trasladado a Holanda por temor a causar disturbios en África Occidental, donde aún tiene seguidores.
Desde Karl Dönitz, el almirante alemán que sucedió brevemente a Hitler, nadie había sido enjuiciado y sentenciado por un Tribunal Internacional como cabeza de Estado.
Slobodan Milosevic, antiguo presidente de Serbia, murió en su celda en 2006 antes de culminar su juicio por crímenes de guerra. Jean Kambanda, la primera persona sentenciada por el delito de genocidio, recibió una sentencia de cadena perpetua por su participación en el genocidio de Ruanda en 1994, pero tuvo la característica de ser un antiguo primer ministro, no un jefe de Estado. El antiguo presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, ha sido acusado por crímenes contra la humanidad por la CPI, pero su juicio no ha comenzado aún. En forma parecida, el presidente Omar Hassan al-Bashir de Sudan, es requerido por la CPI bajo cargos de genocidio por las atrocidades acaecidas en Darfur, pero el sindicado ha evadido por largo tiempo el arresto.
Durante el juicio de Taylor, que comenzó en 2006, los jueces pudieron oir el testimonio de 115 testigos. Ante los funcionarios de la Corte, se refirieron al trabajo en condiciones de esclavitud en las minas de diamantes, la violación, las cabezas arrancadas de sus cuerpos exhibidas sobre postes para aterrorizar la gente, y las filas de campesinos capturados esperando las mutilaciones.
Hubo a lo largo del juicio muchos momentos que helaban la sangre, a medida que los testigos describían la barbarie de los rebeldes.
Mustapha Mansary, un poblador, fue interrogado repetidamente por un abogado de la defensa acerca de si él podía leer y escribir en Inglés, hasta que levantó sus muñones vendados: “No tengo manos para escribir nada”, -replicó Mansary-.
El Testigo 064, una víctima de violación, describió la manera como los rebeldes llegaron a su pueblo. Con hachas decapitaron muchos adultos y niños, mientras ella era mantenida al interior de una vivienda. El líder de la banda entonces ordenó que la llevara afuera para que observara su familia. Entonces pusieron las cabezas cercenadas de sus familiares en un saco que escurría sangre, incluyendo las cabezas de sus dos hijos.
“Me dieron las cabezas para que me las llevara”, -dijo-. “Pero no pude hacerlo”.
Sin embargo los fiscales tuvieron dificultades frente al rompecabezas legal de vincular tales atrocidades con Taylor. No había documentos que establecieran que él había impartido tales órdenes. Tampoco estuvo en las escena del crimen y estos no fueron cometidos por el ejército de Liberia que estaba bajo su comando.
Para estructurar su caso, los fiscales utilizaron interceptaciones telefónicas y de radio y llevaron al estrado a los radio- operadores que había conectado la residencia de Taylor en Monrovia, la capital de Liberia, con los rebeldes en Sierra Leona. Personas cercanas a Taylor, su jefe de seguridad, guardaespaldas y otros empleados, algunos de ellos trasladados al extranjero como testigos protegidos, testificaron acerca de armas y municiones enviadas a los rebeldes y acerca de los diamantes en bruto que recibía como pago.
Documentos bancarios fueron mostrados a la Corte para determinar cómo los pagos de impuestos y otros ingresos del gobierno fueron trasladados a las cuentas personales de Taylor, para pagar los esfuerzos de la guerra o para su beneficio personal. Los abogados de la defensa rechazaron mucha de la evidencia por considerarla “de oidas”. Y entonces argumentaron repetidamente que el juicio era un ejercicio político de países de Occidente que pretenden mantener a Taylor fuera de África Occidental.
La defensa presentó como pruebas dos cables diplomáticos de 2009, que es parte de los documentos revelados por WikiLeaks, en los cuales diplomáticos americanos se refieren a Taylor. En el primero, calendado en Marzo de 2009, citan al embajador estadounidense el Liberia señalando que “lo mejor que podemos hacer por Liberia es ver a Charles Taylor lejos por mucho tiempo”.
El más importante testigo de la defensa fue el mismo Taylor. Elocuente y respetuoso con la Corte, pudo mantenerse casi siete meses en el estrado de los testigos, brindando la versión de su vida y su papel en provecho de la paz, sin que fuera interrumpido por los jueces en sus muchas disgregaciones. Manifestó a la Corte que había sido entrenado en Libia y que alguna vez recibió dinero del Coronel Muammar el-Qaddafi por “gastos médicos”. Mientras permaneció en una cárcel de Massachusetts esperando la extradición por acusaciones de malversar $900,000 dólares pertenecientes al gobierno de Liberia, no intentó escapar aunque fue liberado con ayuda de la CIA.
Taylor dijo además que “nunca” hubiera permitido las atrocidades. Las muchas historias acerca de su vida, repletas de detalles acerca de su carrera como rebelde, prisionero, negociador y presidente, fueron seguidas por una gran audiencia en Liberia y aumentaron ostensiblemente su popularidad.
Los abogados dijeron que los jueces parecían interesados en la pasado para parecer justos. “Taylor tuvo en la Corte lo que podría haber deseado”, dijo Stephen J. Rapp, antiguo fiscal de la Corte y ahora embajador de los Estados Unidos para asuntos de crímenes de guerra.
Al inicio de una audiencia de dos horas, Taylor saludó y sonrió a algunos de sus familiares en la galería del público, pero luego lució sombrío. Charen Taylor, una de sus hijas, dijo: Por supuesto que no estoy feliz, pero tenemos que ser optimistas acerca de la apelación. Ha sido un largo proceso.”
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