EL TIEMPO. EDITORIAL.
Las precarias garantías que tienen los presos han llevado a solicitar el cierre de la prisión.
A mediados del siglo XIX Guantánamo era conocida como una de las provincias cubanas más fértiles en la producción de caña de azúcar. A partir de 1903, cuando los Estados Unidos se apoderaron de la zona, pasó a ser un famoso enclave colonial. Y desde hace diez años soporta el triste renombre de campo de concentración de presuntos terroristas islámicos detenidos por Estados Unidos, un lugar donde se violan las normas del debido proceso y se somete a los prisioneros a prácticas que quebrantan los derechos humanos.
El pasado 11 de enero se cumplió la primera década de la llegada al Campamento Rayos X de una veintena de presos -todos musulmanes y todos varones- enfundados en overoles color naranja, que pasaron a ocupar celdas alambradas bajo estricta vigilancia de soldados norteamericanos. Por tratarse de un punto geográfico que no pertenece al territorio estadounidense, aunque lo ocupen sus tropas, constituía sede ideal para recoger a los prisioneros de la guerra internacional contra el fanatismo islámico de Al Qaeda, que había provocado tres meses antes la muerte de más de 3.000 personas en ataques terroristas perpetrados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington. Allí quedaban en suspenso las leyes de EE. UU. y prevalecían las prácticas irregulares que el gobierno de George Bush diseñó para la nueva situación.
Desde entonces han pasado por la cárcel de Guantánamo 779 prisioneros de una treintena de nacionalidades. Seis se suicidaron, 171 permanecen en el campamento y 584 fueron liberados por no representar una amenaza para la seguridad del país, que los recogió en algún lugar del globo y los agrupó bajo el calor tropical de esta esquina cubana. En diez años se han celebrado solo seis juicios, cuatro de los cuales terminaron con declaraciones de culpabilidad. El fuero que los juzga es un estatuto militar que contempla la posibilidad de detenciones indefinidas sin proceso legal.
Las características en que viven los presos de Guantánamo y las precarias garantías que se les reconocen han llevado a que numerosos gobiernos, entidades como Amnistía Internacional, asociaciones de abogados y políticos de varios países, incluso Estados Unidos, soliciten el cierre de la prisión. Uno de los indignados fue Barack Obama, quien, poco después de ser elegido presidente, ordenó su clausura antes de enero del 2010.
Pero se cumplen dos años de aquel ultimátum y la ignominiosa cárcel continúa abierta. La explicación es que los republicanos bloquearon los fondos que sostienen el campamento y no hay dinero ni siquiera para trasladar a los presos inocentes a sus países de origen. El Presidente tuvo que someterse a la situación creada por sus enemigos políticos. Este año, pese a ser el décimo de la prisión, es temporada de elecciones y no se presta para campañas impopulares.
Seguramente, muchos de los prisioneros que viven encadenados en Guantánamo y catalogados con un número son temibles terroristas. El preso US9SA-000063 DP, de nacionalidad saudí, está acusado de ser un piloto suicida que no alcanzó a participar en los atentados. Pero, según la Declaración de Derechos Humanos, aun ellos pueden aspirar a un juicio justo. Algunos de los que quedan libres, a veces tras siete u ocho años de detención, han recordado en público el infierno que vivieron, y su relato desdice de un país como Estados Unidos y más parece corresponder a una dictadura.
No es difícil pronosticar que dentro de un tiempo la Historia mostrará este campo de concentración como una aberración insólita. Pero, ¿cuántos aniversarios más habrá que lamentar antes de que se cierre?
editorial@eltiempo.com.co
El pasado 11 de enero se cumplió la primera década de la llegada al Campamento Rayos X de una veintena de presos -todos musulmanes y todos varones- enfundados en overoles color naranja, que pasaron a ocupar celdas alambradas bajo estricta vigilancia de soldados norteamericanos. Por tratarse de un punto geográfico que no pertenece al territorio estadounidense, aunque lo ocupen sus tropas, constituía sede ideal para recoger a los prisioneros de la guerra internacional contra el fanatismo islámico de Al Qaeda, que había provocado tres meses antes la muerte de más de 3.000 personas en ataques terroristas perpetrados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington. Allí quedaban en suspenso las leyes de EE. UU. y prevalecían las prácticas irregulares que el gobierno de George Bush diseñó para la nueva situación.
Desde entonces han pasado por la cárcel de Guantánamo 779 prisioneros de una treintena de nacionalidades. Seis se suicidaron, 171 permanecen en el campamento y 584 fueron liberados por no representar una amenaza para la seguridad del país, que los recogió en algún lugar del globo y los agrupó bajo el calor tropical de esta esquina cubana. En diez años se han celebrado solo seis juicios, cuatro de los cuales terminaron con declaraciones de culpabilidad. El fuero que los juzga es un estatuto militar que contempla la posibilidad de detenciones indefinidas sin proceso legal.
Las características en que viven los presos de Guantánamo y las precarias garantías que se les reconocen han llevado a que numerosos gobiernos, entidades como Amnistía Internacional, asociaciones de abogados y políticos de varios países, incluso Estados Unidos, soliciten el cierre de la prisión. Uno de los indignados fue Barack Obama, quien, poco después de ser elegido presidente, ordenó su clausura antes de enero del 2010.
Pero se cumplen dos años de aquel ultimátum y la ignominiosa cárcel continúa abierta. La explicación es que los republicanos bloquearon los fondos que sostienen el campamento y no hay dinero ni siquiera para trasladar a los presos inocentes a sus países de origen. El Presidente tuvo que someterse a la situación creada por sus enemigos políticos. Este año, pese a ser el décimo de la prisión, es temporada de elecciones y no se presta para campañas impopulares.
Seguramente, muchos de los prisioneros que viven encadenados en Guantánamo y catalogados con un número son temibles terroristas. El preso US9SA-000063 DP, de nacionalidad saudí, está acusado de ser un piloto suicida que no alcanzó a participar en los atentados. Pero, según la Declaración de Derechos Humanos, aun ellos pueden aspirar a un juicio justo. Algunos de los que quedan libres, a veces tras siete u ocho años de detención, han recordado en público el infierno que vivieron, y su relato desdice de un país como Estados Unidos y más parece corresponder a una dictadura.
No es difícil pronosticar que dentro de un tiempo la Historia mostrará este campo de concentración como una aberración insólita. Pero, ¿cuántos aniversarios más habrá que lamentar antes de que se cierre?
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