Associated Press
Octubre 13, 2013
Traducido por Luis J. Leaño.
Los crímenes fueron horribles, inclusive para un país endurecido por las atrocidades de décadas de conflicto interno.
Las tropas colombianas han asesinado cientos de civiles inocentes sin otra razón aparente que aumentar el conteo de bajas rebeldes, de acuerdo a lo señalado por investigadores de la ONU. Típicamente, las víctimas fueron hombres de mala suerte atraídos a su muerte con promesas de trabajo, vestidos en trajes militares de fatiga y registrados como guerrillas dados de baja en combate.
Cinco años después de que el escándalo surgiera, aproximadamente una sexta parte de los soldados acusados han ido a juicio o se han declarado culpables; solo un puñado de los condenados tiene un rango de mayor o superior. En total, las autoridades registraron algunos 3.900 casos de supuestos asesinatos extra- judiciales que involucraban miembros de las fuerzas de seguridad.
Activistas de derechos humanos destacan su temor de que una nueva ley introducida en el Congreso por el presidente Juan Manuel Santos en Junio, hará más difícil perseguir a los responsables, particularmente a los altos oficiales. La ley, que se encuentra bajo revisión de la Corte Constitucional, ampliaría el sistema de justicia militar y estrecha la definición de asesinatos extra- judiciales.
Santos dice que la reforma es necesaria para asegurar a los miembros de las fuerzas armadas que no tienen nada que temer al hacerse la paz con el principal grupo rebelde izquierdista del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Pero los activistas dicen que las reformas podrían entorpecer los procesos de crímenes de guerra pasados y futuros contra miembros de las fuerzas de seguridad y así, perjudicar las perspectivas de las conversaciones de paz iniciadas en Cuba el año pasado.
Las FARC han denunciado la reforma de la justicia militar como una concesión "de bandera de pirata a quienes han cometido terribles crímenes contra la humanidad." Algunos rebeldes también afrontan acusaciones por crímenes de guerra, pero la reforma de la justicia militar sólo aplica a personal uniformado.
"¿Por qué el gobierno de Santos, involucrado en un proceso de paz, presenta una legislación que fortalece la impunidad?" -preguntó el congresista de izquierda Iván Cepeda. "Es incoherente y complica las cosas."
El Congreso de EE.UU. también está alarmado por la impunidad que se genera en los llamados "falsos positivos", un término derivado de la jerga militar que utilizó la palabra "positivo" para identificar a un combatiente enemigo muerto. La mayor parte de las muertes se produjo entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Alvaro Uribe. Investigadores de la ONU han considerado estos crímenes como "generalizados y sistemáticos".
Washington proporcionó más de $ 2 mil millones en asistencia a las fuerzas armadas de Colombia, mientras sucedían la mayoría de los asesinatos. Pero los legisladores estadounidenses actualmente retienen por lo menos $10 millones en ayuda militar por las objeciones a la nueva ley, dijo Tim Rieser, alto asesor del senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado.
No es claro cuanto dinero americano llegó a las unidades militares colombianas culpables de "falsos positivos". No hay detalles públicamente conocidos.
Una ley de 1997 (Ley Leahy), prohibe la financiación por parte de Estados Unidos de unidades militares extranjeras cuando sus miembros enfrentan acusaciones creíbles de abusos de derechos. A las unidades colombianas se les ha negado ayuda en virtud de la Ley Leahy, y el Departamento de Estado, en respuesta a una consulta de la Associated Press, caracterizó su unidad de investigación de antecedentes como "rigurosa".
El activista de paz John Lindsay-Poland de la Comunidad de Reconciliación, está compilando una base de datos de falsos positivos y dice que el monitoreo de Estados Unidos era descuidado antes de que su grupo publicara un informe en 2010, donde se detallan las unidades que cometieron abusos y que recibieron ayuda de Estados Unidos.
La reforma militar solamente incrementará la impunidad, dice Jose Miguel Vivanco, Director para las Américas para el grupo de vigilancia Human Rights Watch, quien la calificó como laguna jurídica que constituye un "gran revés para los derechos humanos."
Según la ley, los tribunales militares de Colombia conocerían de todas las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por miembros de las fuerzas armadas, excepto siete tipos de crímenes contra la humanidad, incluida la violencia sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la ley restringe la definición de ejecuciones extrajudiciales, lo que de acuerdo con activistas de derechos, significa un aumento de la posibilidad de que tales crímenes sean enviados a los jueces militares. Se limita la definición de dichas ejecuciones a circunstancias en las que, la víctima estaba "bajo el control del agente del Estado" y "no intentara escapar."
Debido a que las ejecuciones extrajudiciales no existían previamente como crimen, los activistas temen que los casos existentes antes de la promulgación de la ley, podrían ser transferidos a los jueces militares.
Santos ha prometido que cualquier crimen de guerra cometido por las fuerzas de seguridad de Colombia será castigado, de la misma forma en que insiste que los criminales de guerra de las FARC no podrán evadir la justicia.
"No entiendo porqué (los activistas de derechos humanos) creen que la justicia transicional no tiene nada que hacer con los falsos positivos", dijo Santos en una reciente entrevista a la agencia AP.
El presidente afirma que los asesinatos no fueron sistemáticos, lo que es también la aseveración de oficiales activos y retirados.
"Es completamente falso afirmar que esto fue una política de Estado", dijo el general retirado Carlos Suarez. Como Inspector General de las fuerzas armadas, lideró la investigación de 2008 luego de que el escándalo que provocó la destitución de 27 oficiales, tres de ellos generales.
Los fiscales de la CPI son escépticos.
En un informe de noviembre de 2012, se dijo que "los procedimientos judiciales existentes no han logrado concentrarse en las personas que tienen la mayor responsabilidad", mientras que los fiscales colombianos "perpetúan en lugar de disminuir la impunidad", en gran medida al no exponer las circunstancias de los asesinatos organizados "por lo menos al nivel de ciertas brigadas ".
Varios antiguos soldados han respaldado tales afirmaciones y han implicado a sus superiores, rompiendo un código de silencio que es aplicado con la amenaza de una retribución violenta.
Uno de ellos es Julio Cesar Parga, uno de los más importantes destituidos, quien fue sentenciado en Julio a 30 años de prisión por homicidio, luego de haber confesado el ordenar o tomar parte en el asesinato de 47 no- combatientes.
Parga dijo haber organizado los asesinatos mientras lideraba un batallón anti- secuestro de la Brigada 11 en Montería, la capital del Departamento de Córdoba.
En una entrevista carcelaria, se negó a discutir en detalle las muertes o su testimonio contra su ex- comandante. Dijo temer ser blanco de un asesinato por encargo.
Antonio Rozo Valbuena, un antiguo capitán que trabajó bajo las órdenes de Parga y se ha declarado culpable de los mismos crímenes, también ha implicado a altos oficiales, dijo el abogado que representa los dos hombres.
"No fueron ellos quienes inventaron los falsos positivos", dijo Duarte. "Ellos simplemente los llevaron a cabo en nombre de los demás".
Duarte denominó los asesinatos como una "política institucional arraigada" en la que en algunos casos involucró generales, (a los que no nombró).
De los más de 600 militares condenados en los casos de ejecuciones extrajudiciales, dos terceras partes son soldados. A 30 de junio los acusados incluían 114 oficiales a partir del grado de capitán. Doce de ellos, entre ellos dos coroneles, han sido condenados o se declararon culpables y recibieron penas de prisión.
"Todo fue coordinado con los peces gordos", dijo Eulicer Quintana. Su testimonio ayudó a condenar a seis ex compañeros de los asesinatos de dos hombres a través de falsos positivos.
El comandante que lideraba la unidad de Quintana, el Batallón de Contraguerrillas 57 ª con sede en la occidental ciudad de Manizales, está programado para ir a juicio el 16 de octubre. Quintana volverá a ser testigo, junto con la tercera presunta víctima, quien escapó cuando el rifle de un soldado se atascó.
Una vez muertos, los cadáveres aún calientes eran vestidos con uniforme de combate y se colocaban armas del mercado negro a su lado, dijo Quintana.
"Esto se hizo a nivel de compañía", dijo, afirmando que su batallón produjo al menos 46 falsos positivos desde 2006 hasta 2008 bajo órdenes de dos comandantes, el primero de los cuales fue promovido en parte debido a que cosechó muchas "muertes en combate".
Quince de los 60 hombres de la compañía de Quintana "hacían el trabajo" y todo el mundo obtenía vacaciones como recompensa, generalmente de ocho días por cada víctima, dijo.
Quintana ha pasado cinco años de nerviosismo en un programa de protección de testigos sin poder trabajar, bajo guardia armada y con la esperanza de que pueda salir de Colombia con su esposa y su hijo cuando todo termine.
"Hay un montón de enemigos alrededor", dijo por teléfono desde un lugar no revelado.
Josue Giovanni Linares, un ex- mayor que comandó una unidad y debe comparecer a juicio la próxima semana, ha indicado que dos de sus superiores tenían conocimiento profundo de los falsos positivos de los que se le acusa, conforme a documentos judiciales.
Emiro José Barrios, comandante de la 8 ª Brigada de la época, y Jorge Enrique Navarrete, el comandante adjunto han sido promovidos a generales. Ninguno ha sido acusado. Ambos niegan con vehemencia las acusaciones, pero se niegan a hablar sobre ellas.
"No tengo absolutamente nada que ver con eso", dijo Navarrete a los periodistas.
De acuerdo con el abogado de las víctimas Jorge Molano, ambos firmaron un documento que autorizaba un pago de $ 1.100 al "reclutador" que obtuvo las víctimas.
Human Rights Watch ha alegado que la ley de reforma militar pone soldados, en lugar de civiles, a cargo de las primeras investigaciones de campo de batalla, mientras crea un nuevo grupo mixto cívico-militar para decidir los conflictos de competencia.
El tribunal civil de ocho jueces que actualmente resuelve las controversias ya dio a los activistas la razón cuando en junio pasado dictaminó que un coronel del ejército acusado de dos muertes en falsos positivos (2007), debería ser juzgado por un tribunal militar, incluso cuando los hombres involucrados en el mismo caso encaran un juicio ante una corte civil. El tribunal citó la nueva ley de justicia militar en su decisión.
El Secretario de Estado de EE.UU. John Kerry, expresó su preocupación por la reforma durante una visita de agosto y las autoridades colombianas le aseguraron que no daría lugar a la impunidad, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado que habló a condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto.
Quintana no tiene fe en esas promesas.
"Cuando llegue el día en que (los casos) sean resueltos por la justicia militar, habrá sangre por todas partes."
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El artículo original puede ser revisado en el siguiente enlace:
http://www.mercurynews.com/nation-world/ci_24301016/impunity-feared-colombia-military-justice-law
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