Andrew Friedman.
Marzo 12, 2025
Al regresar a Manila luego de su viaje a Hong Kong el 11 de Marzo, el ex presidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido por la policía, acatando una orden de la Corte Penal Internacional. La orden establece (según una revisión del documento por parte del New York Times), que el ex presidente fue responsable de asesinatos “generalizados y sistemáticos”, cuando era presidente y cuando era alcalde de la ciudad filipina de Davao. De acuerdo con el Estatuto de Roma, estos asesinatos equivalen a crímenes contra la humanidad.
Si bien el presidente Duterte no es el primero en ser acusado por la CPI, si resulta ser el primero en ser arrestado bajo una orden de este tipo. Otros acusados incluyen al presidente ruso Vladimir Putin, al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al expresidente sudanés Omar al-Bashir y al líder de la Junta de Myanmar, Min Aung Hlaing. Estas acusaciones (sin arrestos correspondientes), implican importantes estudios sobre factores geopolíticos que a menudo obstaculizan la justicia penal internacional, como la falta de acceso a los acusados, las alianzas y presiones nacionales o regionales.
El presidente ruso Vladimir Putin fue acusado por la CPI en 2023, en relación con la guerra a gran escala contra Ucrania en 2022. Las denuncias de crímenes de lesa humanidad en la acusación, se centran en la deportación ilegal y el traslado de niños en las zonas ocupadas de Ucrania.
Bajo el régimen legal de la CPI, los Estados parte están obligados a arrestar a cualquier persona en su territorio que haya sido acusada por ese tribunal. Sin embargo, Rusia no es parte del Estatuto de Roma y desde que fue acusado en febrero de 2023, el presidente Putin ha restringido en gran medida sus viajes a países que tampoco son parte de Estatuto de Roma.
La notable excepción a esta limitación de viaje fue el que Putin realizara a Mongolia en septiembre de 2024. En una declaración brindada luego de que el presidente ruso abandonara el país, el gobierno mongol expresó una neutralidad política, aunque estaba claro que se encontraba en un estado de dependencia energética con Rusia.
De otra parte, las protecciones geopolíticas al primer ministro Netanyahu, provienen en gran medida de los intereses de Estados Unidos. En respuesta a la orden de arresto, Estados Unidos impuso sanciones al fiscal principal de la CPI, Karim Khan. Además, la Camara de Representantes ha propuesto un proyecto de ley que impone sanciones “a cualquier persona extranjera que haya participado o asistido materialmente (a la Corte)” La combinación de sanciones de la Casa Blanca y la legislación propuesta, deja claro que habría costos geopolíticos esgrimidos por Estados Unidos y sus aliados, para cumplir con las ordenes de arresto.
En cuanto al ex presidente Omar al-Bashir, fue acusado dos veces por la Corte Penal internacional en 2009 y 2010 después de haber liderado el país del norte de África durante más de dos décadas y media. Fue acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra coma así como de genocidio en darfur.
A pesar de las acusaciones, el entonces presidente al-Bashir viajó relativamente libre hasta que fue depuesto en un levantamiento popular en 2019. Uno de estos viajes merece un examen particular.
El presidente asistió a Sudáfrica para una reunión de la unión africana en junio de 2015. Defensores de la justicia internacional recurrieron a los tribunales nacionales para obligar al gobierno sudafricano a arrestarlo y trasladarlo a La Haya. El gobierno sudafricano argumentó que el presidente al-Bashir gozaba de inmunidad como jefe de estado en virtud de las leyes pertinentes. Argumento que finalmente perdieron tanto en los tribunales nacionales como ante la CPI al ser citados por incumplimiento. Sin embargo el presidente al-Bashir pudo regresar a casa sin impedimentos.
El contexto político de la visita del presidente al-Bashir fue el intento de Sudáfrica de abandonar la jurisdicción de la CPI, junto con el desprecio generalizado hacia ese tribunal por parte de la unión africana y muchos de sus estados miembros. Esto finalmente resultó en una notificación de retirada de varios estados africanos paréntesis aunque la mayoría fue revocada) coma así como en una "estrategia de retirada" de la unión africana que denunciaba la "selectividad y desigualdad" de la Corte Penal internacional al "abordar únicamente casos africanos". La unión africana también adoptó una declaración en su reunión de la comisión de ese organismo en 2009, en la que se comprometía a no cooperar con la Corte Penal internacional en la persecución del presidente al-Bashir, así como una "decisión sobre la Corte Penal internacional" en 2020 que instaba a todos los estados miembros de esa Unión a oponerse a la constatación de falta de cooperación de Jordania al no detener al presidente al-Bashir, en otro episodio de sus viajes.
Si bien la relación de Sudáfrica y la unión africana en su conjunto con la Corte Penal internacional, ha fluctuado a lo largo de los años (Sudáfrica revirtió su decisión de retirarse, aunque el presidente Cyril Ramaphosa mencionó en 2023 que el congreso Nacional Africano, en el poder deseaba que así fuera, permitir que el presidente al-Bashir se marchara sin ser molestado contrasta marcadamente con la remisión de Israel y sus líderes a la Corte Internacional de Justicia por parte de Sudáfrica por el delito de genocidio. La diferencia en estas preocupaciones en torno al genocidio y otros crímenes internacionales probablemente esté determinada por factores ajenos al derecho.
En conjunto la justicia internacional es inseparable de la geopolítica. Históricamente, líderes acusados han eludido el arresto debido a la falta de jurisdicción y alcance de la CPI, junto con sus decisiones personales de no viajar, pero también a través de la real polítik. Esto incluye amenazas, explícitas o implícitas, de imponer costos por el arresto de ciudadanos de un Estado o de sus aliados, así como la difícil relación que la CPI mantiene con algunos Estados o regiones en particular: aquellos que se consideran indebidamente perseguidos por sus acciones.
Existe una amplia gama de opciones para responder a la falta de cooperación, incluida la remisión a la Asamblea de los Estados Parte, la remisión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y varias presiones informales y diplomáticas. Sin embargo, como cuestión práctica, las opciones para garantizar la cooperación con la CPI son limitadas. Tomemos por ejemplo, el hecho de que Mongolia no haya cooperado con respecto al presidente Putin. La CPI encontró que Mongolia no había cumplido con sus obligaciones y el asunto fue remitido a la Asamblea de Estados Parte. Como señala la profesora Olimpya Bekou sobre las referencias a la Asamblea de los Estados Parte en general, "la adopción de contramedidas no debe excluirse como una opción teóricamente disponible".
Las referencias tienen como objetivo mejorar la cooperación futura en lugar de castigar la falta de cooperación. En este sentido, "una conclusión de la responsabilidad del Estado no ayudará a asegurar la cooperación con la Corte en la práctica". Dicho de otra manera, la CPI tiene que sopesar se aliena a los Estados Parte al considerar contra medidas, o estimula la cooperación que pueda resultar necesaria en el futuro de ese Estado o sus aliados. Esto hace que la respuesta a la no cooperación sea una consideración muy difícil y fundamentalmente política.
La contraparte del papel sustancial de la geopolítica en la evasión de la justicia por parte de algunos líderes, es su enorme influencia en el momento en que estos deban rendir cuentas por sus acciones. En otros escenarios internacionales, se han necesitado grandes cambios políticos para que los líderes se vean obligados a comparecer ante los tribunales. La lista incluye a Hisséne Habré, quien fue juzgado 25 años después de ser depuesto en Chad; Slobodán Milosevic, quien solo sería juzgado tras un levantamiento popular que derrocó su régimen, y quien murió durante el proceso; y muchos otros ex gobernantes a quienes finalmente la justicia alcanza.
El arresto del presidente Rodrigo Duterte también responde a la política, aunque de índole nacional. Como observó Japhet Quitzon: "Marcos inicialmente se opuso a la actividad de la CPI en Filipinas, anunciando en enero de 2024 que su gobierno no cooperará con la investigación sobre Duterte. Pero a medida que su relación con la vicepresidenta Sara Duterte empeoraba, también lo hacía la resistencia de Marcos a la CPI. En noviembre de 2024, su gobierno anunció que estaría obligado a acatar la orden de la CPI si ella solicitaba el arresto de Duterte".
En última instancia la justicia internacional no puede separarse de la economía política. Toda acusación formal ante la CPI o cualquiera otra institución de justicia internacional, forma parte de un contexto político más amplio. Eliminar este contexto, al tiempo que se exige a los Estados que arresten a presuntos criminales de guerra, es imposible. Si bien esta realidad geopolítica a menudo contradice la justicia, el arresto del presidente Rodrigo Duterte brinda esperanza a las víctimas de crímenes internacionales, en el sentido de que habrá más casos en que las corrientes políticas resulten en arrestos y juicios para los acusados de crímenes atroces.
Andrew Friedman es miembro principal de la iniciativa de derechos humanos en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington DC.
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